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Publicado el 26 de Enero de 2017 por Colaboraciones

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Fundación de un Sindicato de Inquilinos en Gran Canaria

Este sábado, día 21 de enero de 2017, se celebró en la Comunidad “La Esperanza” (Gran Canaria, municipio de Santa María de Guía), la asamblea fundacional del primer Sindicato de Inquilinos del archipiélago canario y del Estado español desde los años 30.

La convocatoria que nos invitaba a valorar la opción de crearlo decía esto:

Sobre la necesidad de crear un Sindicato de Inquilinos en Canarias

En Canarias hay, según datos oficiales, 135.000 inmuebles vacíos mientras 35.000 demandantes de vivienda no tienen casa. Se siguen produciendo una media de 20 desahucios al día. 9 de cada 10 desahucios forzosos son por impago de alquiler. Las instituciones políticas afirman carecer de casas suficientes, mientras han vendido el parque público de vivienda a gestoras privadas como Visocan, dedicadas a la especulación búrsatil.

El frente de la vivienda es de los pocos que ha resistido la desmovilización post-15M. Aunque también lo ha sufrido. Si la labor de las asambleas, colectivos y plataformas existentes es meritoria, aún hay déficits que debemos señalar:

1. La falta de una batería de medidas dedicadas a paliar la situación de indefensión de la clase inquilinal y precarista. El alquiler sigue sin ser parte prioritaria de la agenda, aún cuando el 90% de los desahucios se dan por esta circunstancia.

2. La carencia de herramientas directas que, más allá de negociación, piquetes y escraches, supongan un verdadero desafío ante los desahucios masivos como los orquestados por los fondos buitres. Hablamos de la necesidad de reivindicar y extender la Huelga de Alquileres.

3. La ausencia de una estrategia a largo plazo que suponga un cambio de paradigma y no nos reduzca a simples reguladores de las desigualdades del Sistema. Una estrategia que ponga sobre la mesa la necesidad de probar otras alternativas de gestión de la vivienda, que aspire a que esta se dé de forma directa por parte de los vecinos sin injerencias de intereses privados, que plantee la necesidad de que las decisiones sobre las viviendas las tomen quienes las habitan.

Detectadas estas lagunas, creemos que es importante articular un Sindicato de Inquilinos, aunque sea inicialmente a nivel experimental, en la isla de Gran Canaria. Un órgano abierto a inquilinos y precaristas, dedicado a asesorar (legal y extralegalmente) al arrendatario y a detectar clausulas improcedentes o draconianas en los contratos de alquiler, a tratar de impedir los desahucios forzosos abusivos, a plantear objetivos que verdaderamente cambien las condiciones de vida de los vecinos (como lograr que se fije un precio máximo del alquiler en los barrios obreros), a implementar herramientas de lucha colectivas (como la citada Huelga de Alquileres) que nos hagan entender el problema de la vivienda como un problema común y no como un conflicto particular, a denunciar y combatir todas las desigualdades e irregularidades que se dan en la esfera de la vivienda pública (algo que hoy se solapa), a crear redes de autogestión de vivienda que prueben otros modelos de organización habitacional.

Esta es la propuesta. Lo que nos falta dirimir como colectivo y a lo que trataremos de dar respuesta es a las siguientes cuestiones: ¿debe crearse esta estructura sindical autónoma desde 0 o deben usarse otras estructuras sindicales previas acordes al espíritu del proyecto? ¿Debe ser una estructura legalizada (en formato “asociación” [los sindicatos no laborales no los reconoce la legislación]) o alegal? ¿La táctica del conflicto constante es suficiente para evitar el asistencialismo y convertirse en una simple gestora? ¿Debe establecerse un sistema de cuotas mínimo? ¿Se necesitan unos estatutos, un pacto asociativo o basta con un simple compromiso de trabajo?

En la próxima asamblea fundacional contestaremos a estas preguntas.

La primera cuestión a tratar fue la de si existía un compromiso real de participar en un proyecto así. En poco menos de 5 minutos una veintena de personas, casi todas vecinas, ya estaban afiliándose al sindicato. Se debatió brevemente la cuestión del nombre, por si lo de “inquilinos” retraía a los hipotecados y pudiera dejar de lado a otro sector tan importante en el tema vivienda como las personas sin hogar. Se insistió mucho en poner el foco en la situación de quienes carecen de techo o viven en situación irregular. Finalmente se votó por mayoría denominarse Sindicato de Inquilinos como homenaje a los que nos precedieron, pero dejando claro que era un órgano amplio en el que cabían todos los damnificados habitacionales.

Se debatió después el tema de ser autónomos o aprovechar otras estructuras existentes. Ante la incomparecencia de los miembros de algunos sindicatos a los que se había invitado a título personal, se optó por unanimidad por la autonomía, aunque intentando buscar la confluencia con quien a la larga pudiera interesarse. Se discutió después el tema de la legalidad o alegalidad de la estructura del sindicato. Los partidarios de legalizarlo defendían que debíamos constituirnos como asociación (ya que los sindicatos extralaborales, comunes en muchos países, no los reconoce la legislación española) para tener más empaque y ser una persona jurídica de pleno derecho. Los partidarios de no legalizarse planteaban que la legalidad suponía señalar a los que registraran la asociación y aparecieran como vocales y tesoreros, y que era contraproducente en coyunturas como ocupaciones de inmuebles y demás. Al final no hubo acuerdo y se encomendó a los partidarios de la legalización hacer un informe que acreditara la mejor forma de articularse, consultando a abogados afines, para que lo presentaran en la próxima asamblea. Mientras, permaneceríamos temporalmente siendo alegales.

Se aprobó también fijar una cuota mínima simbólica de 50 céntimos mensuales por afiliado, pudiendo dar más quien quisiera y pudiera. A continuación se planteó la posibilidad de establecer una sede física, quedando aprobado finalmente, por propia iniciativa de las vecinas, que la Comunidad “La Esperanza” sería la primera sede del Sindicato de Inquilinos. Sin descartar abrir otras sedes en distintos puntos de la isla. Por último, se repartieron funciones y trabajo a realizar en base a la disposición y capacidades de cada uno: crear la red de asesoramiento legal, los medios de difusión informáticos, elaborar un esqueleto de principios básicos, la portavocía, la comunicación interna, etc.

En 3 semanas tenemos la próxima asamblea. Asistimos al inicio de un sindicato abierto a todas y todos, y que tiene mucho trabajo por delante si quiere demostrar que aún hay cosas que hacer en el frente de la vivienda.

Un afiliado al reciente Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria.

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