Toca hablar de otro episodio de esa supuesta transición modélica de la que somos herederas. Un nuevo crimen, en este caso múltiple que casi 50 años después sigue sin ser resuelto por culpa de la inacción de una democracia que insulta cada día a la palabra que abandera con hipócrita ligereza.
El contexto en 1978 estaba cargado de inestabilidad. Esperanzas, agitación y represión dictatorial se entremezclaban en un coctel que explotaba con cualquier chispazo. En Nafarroa se habían producido los sucesos de Montejurra, la semana proamnistia de mayo de 1977 y más adelante se viviría el asesinato de Gladys del Estal —del cual ya te hablé en este serial—. El contexto para las fiestas de 1978 era inquietante y más con grupos de extrema derecha amedrentando a jóvenes desde semanas antes. Los guerrilleros de Cristo Rey habían actuado en diversas ocasiones con bates de beisbol o cadenas. En uno de estos enfrentamientos fue asesinado el subteniente de la guardia civil Juan Antonio Eseverri. Las circunstancias sobre su muerte siguen generando debate, algunas versiones dicen que recriminó a unos jóvenes realizar un barricada y ahí comenzó la trifulca, otra versión sostiene que el funcionario del estado estaba aquel día de civil junto a los guerrilleros de Cristo Rey. Sea como fuere, en el enfrentamiento con jóvenes antifascistas, Eseverri sufrió varios navajazos que provocarían su muerte una semana después.
El asesinato produjo diversas detenciones, algunas de miembros de las peñas de fiestas. En los prolegómenos de los festejos, familiares, amigos y militantes se atrincheraron en la segunda planta del ayuntamiento de Iruña, pidiendo la liberación de los presos. El chupinazo, que marca cada año el inicio de San Fermín, se tuvo que dar desde la primera planta, debido a que en la tradicional segunda permanecía el encierro de estas personas. La sensación de que algo grave podía suceder se palpaba entre unos pamploneses que nunca habían visto un despliegue policial tan numeroso durante sus fiestas patronales. Los lemas antiautoritarios se empezaban a expandir entre una población que le había perdido el miedo a la dictadura, pero cuyos miembros, a todos los niveles, seguían siendo parte clave del nuevo estado. Un estado que no dudaba en matar si era preciso.
El comisario Rubio, que por aquel entonces era el comisario jefe de las operaciones, dijo en una entrevista posterior en el documental Sanfermines 78 que recomendó antes de los festejos tener mano ancha. Por su parte, el gobernador civil dijo en el mismo documental que había recomendado no actuar. ¿Qué pasó entonces el 8 de julio? En aquella jornada hubo la tradicional corrida vespertina en la plaza de toros. Concluida esta, varios mozos de las peñas saltaron al ruedo con una pancarta que decía así: AMNISTIA TOTAL PRESOAK KALERA. SAN FERMÍN SIN PRESOS. Ante el lema, unas cuantas personas comenzaron a increpar a los jóvenes, los cuales se encararon con este sector de la grada. El comisario Rubio, siempre según sus propias palabras, dio la orden de separar a estos dos grupos, pero el oficial al mando malinterpretó su orden y en lugar de llevar a dos o tres agentes a separar a los grupos, pidió la entrada de los innumerables refuerzos que estaban fuera de la plaza. Los agentes, cual cabestros descontextualizados entraron al ruedo y fueron directos hacia el grupo que portaba la pancarta para lincharles. El ataque fue respondido por la práctica totalidad de los asistentes, los cuales comenzaron a lanzar objetos a los agentes mientras trataban de detener su avance. Las fuerzas del estado arrollaron en primer término a los txikis de las peñas que iban a entrar en aquel momento a la plaza, puesto que tenían vetado el acceso al evento taurino. Cual turbamulta pisotearon a varios niños, provocando en Jaime Zelaia de 11 años una desviación de columna que le ha tenido impedido de por vida. Esta persona jamás ha recibido disculpas o consideración de ningún tipo por parte del estado.
Tras las primeras escaramuzas, la situación se fue caldeando cada vez más hasta que los agentes comenzaron a disparar botes de humo, material antidisturbios y, alguno de ellos, fuego real. Los primeros heridos de bala se producirían en la propia arena, entre ellos Miguel Fernández o Ramón Vélez, el cual sobrevivió a un disparo que le perforó hígado, intestinos y estómago, bala que a día de hoy sigue teniendo alojada en su cuerpo. Eran cerca de las nueve de la noche cuando todo se había precipitado, la represión se extendió por los aledaños de la plaza. El propio Ramón resume lo vivido aquella tarde así: «Estamos hablando de que algunas personas lanzaban almohadillas y cubos y la policía les disparaba con balas, fuego real, no solo pelotas y gases lacrimógenos».
Un poco más tarde, a las 22:15 cerca de gobernación civil —lugar al que decenas de personas habían acudido a protestar por lo que había sucedido poco antes en la plaza— comenzaron nuevos enfrentamientos. Ante esto las fuerzas del estado volvieron a disparar fuego real, matando de un disparo a Germán Rodríguez, de 23 años, en la avenida Roncesvalles. Germán pertenecía a la liga comunista revolucionaria. Mintxo, amigo de Germán que estaba junto a él durante los hechos, pensó que los disparos eran de fogueo, hasta que vio caer a su amigo con un tiro en la cabeza. En el mismo instante, el propio Mintxo, recibió un disparo en el brazo.
La trágica jornada se cerró además con cerca de cien heridos —más de una decena de ellos por heridas de bala— aunque los investigadores siguen sin saber con exactitud cuántos, debido a la dificultad para encontrar pruebas que confirmen lo que sucedió aquel día en la capital navarra. El oscurantismo de este caso se confirma con la desaparición del archivo de RTVE de los vídeos en los que se veía la entrada violenta de la policía en la plaza. Emisión que fue retransmitida en directo, pero que desapareció del archivo y que solo mediante una grabación personal francesa, ha podido ver la luz.
Las fiestas de San Fermín fueron suspendidas, pero los crímenes de estado siguieron. Tres días después del asesinato de Germán, fue convocada una manifestación en Donosti en solidaridad con el caso. Allí sería asesinado por otro disparo policial Joseba Barandiarán. Los Sanfermines de 1978 se saldaron con dos asesinatos. Dos crímenes que a día de hoy siguen sin responsables. El gobernador civil dijo que los agentes actuaron por cuenta propia, aunque señala la responsabilidad imprudente del comandante Ávila. Un tétrico hombre que había estado en la Legión y que había pedido aquel destino de forma voluntaria. El odio hacia la población pamplonesa, así como su agresividad, se trasluce de unas declaraciones interceptadas por un radioaficionado el día después del asesinato de Germán. El comandante Ávila no duda en llamar hijos de puta a los manifestantes, aunque lo más flagrante es que solicita al resto de agentes que si es preciso maten.
Así se las gastaban, y gastan, las fuerzas de orden público del estado español. El comandante Ávila fue trasladado de su cargo en Pamplona y reubicado en Madrid sin cumplir pena por los sucesos de San Fermín de 1978. Sobre quiénes apretaron el gatillo sigue sin haber pistas, la propia policía, por lo que sea, no hizo investigaciones. Y si no hay responsables, todo el cuerpo lo es, ya sea por apretar el gatillo o por colaborar en este silencio sistemático de los crímenes de estado. El abogado de la comisión de investigación —que promovió las peñas— no dudó en señalar la maraña en la que estaba envuelta todo el caso, lo cual le impidió trabajar. Las pruebas y testimonios recogidos fueron puestos a disposición judicial y, aunque se abrió el sumario, nunca hubo juicio. El caso se cerró en 1982 sin responsabilidades por los hechos materiales, ni por las decisiones políticas o superiores. Con respecto al asesinato de Joseba en Donosti tampoco hubo responsables, ni superiores, ni de los asesinos.
El ministro del interior en aquel momento, el infausto Rodolfo Martín Villa no dudó en aseverar en Televisión Española que lo que hace el estado son errores, pero lo otro son crímenes. Vinculaba así lo sucedido en Iruña con ETA, pese a que Germán no tenía nada que ver con el grupo vasco.
Décadas más tarde uno de los personajes más oscuros de la historia reciente del estado, el citado Martín Villa, fue declarado persona non-grata en Pamplona. Ciudad que tardó en reconocer los sucesos de 1978. Tiempo después, Fermín, hermano de Germán, así lo señaló en el propio parlamento navarro: «Llegan mal y tarde, aunque en los últimos años sí ha habido algún apoyo desde el Parlamento y el Ayuntamiento de Pamplona».
Un hecho significativo denunciado por Ramón Vélez —recordemos, herido de bala durante los sucesos— ocurrió durante su convalecencia hospitalaria. Allí recibió la visita de un juez de paz, el cual tenía bien integrada la idea estatista de versión unitaria y amedrantadora: «Yo tenía un relato bastante consistente porque había visto de dónde salió el disparo. Este hombre, mientras declaraba, empezó a elevar el tono de la voz, diciéndome que tuviera cuidado, que lo que estaba diciendo era muy grave». Le advertía por señalar que desde la plaza de toros se efectuaron disparos reales, cuando él mismo tenía una bala alojada en su interior, poco más que añadir.
Como siempre, solo desde los movimientos de base se han conseguido avances o reconocimientos a los fallecidos. El colectivo Sanfermines 78: Gogoan Herri Ekimena ha conseguido llevar a los juzgados el caso dentro de la macrocausa argentina que investiga los crímenes del franquismo y la transición. La jueza argentina María Servini considera las estructuras judiciales, políticas y policiales de la dictadura continuaron durante el proceso de democracia. Algo que también ratifica Sabino Cuadra, miembro del colectivo Sanfermines 78: «Llegamos a la conclusión de que la judicatura, hoy como ayer, es absolutamente cómplice para con el crimen de estado que se cometió».
A nivel estatal, PP, PSOE y Ciudadanos votaron en 2018 en contra de desclasificar los documentos sobre lo ocurrido en 1978 en Pamplona. Aunque era UCD la que gobernaba en aquel momento, los herederos de la putrefacta socialdemocracia hicieron el papel que les correspondía al seguir manteniendo debajo de la alfombra toda la porquería sepultada durante años. La represión vivida por el pueblo navarro se produjo en un contexto en el que se estaba elaborando el texto de la constitución donde se estaba discutiendo si Navarra sería incluida dentro de las provincias vascas. Algo que no interesaba lo más mínimo desde la centralidad estatal y es por ello que la cuestión navarra estaba en el candelero en aquel 1978, algo que indudablemente tuvo su trascendencia en lo que pasó en los Sanfermines de aquel año.
Poco tiempo después de los acontecimientos el grupo terrorista de extrema derecha Acción Nacional puso una bomba en la peña Alegría de Iruña con la siguiente acusación: «Por tener centralizadas las actividades de la marxista-separatista ‘Comisión investigadora de peñas’, tontos útiles de la maniobra guipuzcoana-vizcaina de invasión de Navarra». La cuestión navarra y su posible adhesión como provincia vasca se materializaba con atentados de una extrema derecha que no quería a Navarra dentro de la autonomía vasca.
La Universidad Pública de Navarra en un informe considera que hubo delitos de lesa humanidad en los sucesos de 1978. Además considera que la investigación judicial fue negligente, insuficiente y mediatizada por la intervención de las propias fuerzas y personas culpables de los hechos. Concluye que sería necesario que se reabrieran los sumarios y se realizara una investigación seria y eficiente.
Todos los años familiares, amigos y colectivos recuerdan a Germán Rodríguez delante de una placa que dice así: «En memoria de Germán Rodríguez Saiz. Muerto por disparo de la policía el 8 de julio de 1978». En los actos conmemorativos siempre hay un aurresku en su honor, porque el pueblo no olvida a sus muertos. Germán, hermano, nosotros no olvidamos.
Andrés Cabrera, militante de Impulso.
