Joaquín Gambín "El Grillo" y el Caso Scala

Para poder entender lo que supuso el Caso Scala para el Estado se debe atender a un punto clave en todo el caso y por ello es menester recordar este apodo: “El Grillo”.

El Grillo

Los anarquistas procesados en el Caso Scala, aparte de anarquistas, tenían en común ser jóvenes anti-franquistas radicalizados. Pero de estos imputados hubo uno que ni fue detenido ni respondía a ese perfil de “joven radical”. Su autentico nombre era Joaquín Gambín Hernández. Era un viejo anarquista, de unos cincuenta años, que no se le conocía ninguna afiliación sindical y que tenía muchos antecedentes por falsificación, robo y estafa. Pero Joaquín Gambín, aun teniendo todos esos antecedentes, los cuales le mantendrían muchos años en prisión, se encontraba en busca y captura, por lo cual el Gobierno consideró menester contratarlo como confidente policial y ser infiltrado en el renaciente movimiento anarcosindicalista que tanto estaba molestado al Estado y a ‘su’ consenso demócrata. Se le manipuló el expediente para reconvertirlo en preso político, se le aplicó la Ley de Amnistía y desde enero de 1977 comenzó a cobrar 45.000 pesetas mensuales por pasar información a la policía. Sus primeras andaduras por el movimiento libertario fueron exitosas. Primeramente –y contratado por José Gregorio López Marín (Inspector policial)- consiguió que detuvieran a cincuenta anarquistas de Murcia que habían refundado la F.A.I. haciéndose pasar por un contrabandista de armas y explosivos. Seguidamente se infiltró en el E.R.A.T. (Ejército Revolucionario de Apoyo a los Trabajadores), creado por los trabajadores de la SEAT. Tal grupo fue desarticulado tras realizar expropiaciones a entidades bancarias y supermercados. Pero esto no era más que un calentamiento para lo que se estaba a punto de avecinar.

Gambín, rebautizado como “El Murciano” reapareció en Barcelona y entabló amistad con los que meses más tarde serían acusados del atentado contra la Sala Scala. El “viejo anarquista” apareció por Barcelona tan solo una semana antes de la manifestación contra los Pactos de la Moncloa, a la que asistiría para lograr su objetivo. Una vez finalizada y desconvocada dicha manifestación, El Grillo se acercó a José Cuevas, Javier Cañadas y Arturo Palma, los cuales recibieron de parte de Gambín materiales incendiarios. La historia oficial cuenta que Gambín les convenció para que arrojaran los cocteles molotov en la entrada de la Sala de fiestas Scala, pero los testimonios vecinales –a los cuales se les negó poder testificar en el juicio- aseguraron siempre que el incendio empezó en la parte trasera, justo al lado contrario de donde se lanzaron los cocteles molotov. En todo caso, terminado su trabajo, El Grillo se desvaneció. Esta vez desapareció de verdad, la Policía Nacional lo puso, de nuevo, en busca y captura porque no se sabía su paradero. Semanas más tarde apareció en la localidad murciana de Rincón de Seca, donde dio varias entrevistas a distintos periodistas y no dudó en admitir ser un confidente policial que estaba bajo las órdenes de la Brigada Central de Información dirigida por aquel entonces por el famoso comisario Roberto Conesa. Tal comisario obtuvo su fama a raíz de haber estado siempre involucrado en incontables actuaciones de las “cloacas del Estado” durante la Transición, como por ejemplo el atentado contra el independentista canario Cubillo, el incendio del Hotel Corona de Aragón o los secuestros de Oriol y Villaescusa por el GRAPO.

Hasta que no se celebró el primer juicio Gambín no fue detenido. Fue detenido en Valencia en 1981. Se le detuvo con documentación falsa y declaró que, tras haber recibido 100.000 pesetas, la Brigada de Información lo abandonó a su suerte. Días después volvió a desaparecer en extrañas circunstancias y no volvió a reaparecer hasta la vista oral del Caso Scala. Cuando se celebró el juicio ocurrió otro extraño suceso. Gambín, desde paradero desconocido, se puso en contacto con la CNT y se ofreció a declararse como único responsable del incendio y exculparía al sindicato anarquista. Todo eso a cambio de que la CNT le proporcionara documentación falsa para huir de España. La propuesta fue estudiada y finalmente rechazada por el Comité Nacional de la CNT, ya que consideraron que su testimonio no tendría ninguna validez y además que podría servir para desprestigiar, aun más, a la CNT.

El juicio de Gambín

Que Joaquín Gambín no apareciese en el primer juicio supuso unos grandes traspiés para la parte defensora del caso y sus pretensiones de demostrar que todo se había tratado de una artimaña de las cloacas del Estado para implicar al sindicato anarquista en el atentado. Aun así, su ausencia no hizo más que acrecentar las sospechas sobre el papel que había tenido.

Tras las primeras detenciones después del atentado, El Grillo desapareció del mapa y aunque fue puesto en busca y captura no pareció convertirse en una prioridad policial. A finales de octubre de 1979 reapareció por primera vez en la ciudad de Elche. Fue encarcelado, pero no por haber estado implicado en el atentado contra la Sala Scala, sino por un asunto de cheques falsos. Justo un mes después, fue puesto en libertad y volvió a desaparecer. Fue ya en Valencia, en 1981, en que fue detenido como coautor de los hechos y juzgado en diciembre de 1983. Pasó una semana de la sentencia del primer juicio y, para sorpresa, la revista Cambio 16 publicaba una entrevista con El Grillo realizada mucho antes del juicio. En esa primera entrevista el “viejo anarquista” se exculpaba  en todo momento. Rechazó su condición de confidente policial. Negó ser el instigador del lanzamiento de explosivos y dijo haberse enterado del incendio una vez llegó a casa de un compañero. Y sobre su extraña –y rápida- puesta en libertad- aseguró que se debía a un simple error burocrático.

Durante todo un año no se supo nada de Joaquín Gambín, se lo había tragado la tierra. Pero todo cambió a finales de 1981, en diciembre concretamente, en el que “El Grillo” fue detenido nuevamente por la policía de Valencia. En esa misma ciudad fue interrogado por el fiscal Del Toro, pero para sorpresa de todos, su discurso cambió radicalmente. El Grillo cantó. ¿Qué ocurrió? Que perdió la protección que tenía hasta entonces por parte de la Brigada de Información. Le confesó a Del Toro que ni siquiera fue detenido, sino que se entregó para esclarecer todo el caso. El hecho de haber participado en una misión contra ETA, en la que casi pierde la vida, le hizo recapacitar y desear dejar su trabajo como confidente. Como pruebas aportó varias pistolas y documentación falsa que le había proporcionado la policía.

La historia de Gambín ya era conocida dentro de todo el movimiento revolucionario. Un preso común que para expiar sus pecados era contratado como confidente con la misión de desactivar a “violentos radicales” y después denunciarlos. “Alguien”, cuyo nombre nunca quiso dar Gambín, creyó ver en ese grupo de cenetistas “terroristas en potencia”. Así que a “El Grillo” se le encargó incitarlos a cometer actos terroristas. Eso sí, de forma paralela a las informaciones de los testigos vecinales que hablaban de un incendio originado en la parte trasera del Scala, Gambín mantuvo en todo momento que él era inocente en lo que concierne al incendio. Finalmente Del Toro ordenó su encarcelamiento. En febrero de 1982 fue procesado por fabricación de explosivos y por haber instruido a los acusados a fabricarlos. El fiscal pedía 16 años de prisión. Pero el juicio tardó otros dos años en celebrarse. El 15 de diciembre de 1983 se celebró el juicio, el cual fue un puro trámite que duró tres horas. Finalmente Gambín fue condenado a la pena demandada por el Fiscal.

A nadie del estamento judicial pareció interesarle indagar en la confesada relación de Gambín con los servicios secretos policiales. Este último juicio ni siquiera tuvo relevancia en los medios de comunicación. El Caso Scala ya no era noticia.

Borja Libertario

El caso Scala. La estocada final al anarcosindicalismo español

Pasados casi cuarenta años de dictadura franquista, con la caída de los comités –tanto nacionales como en el exilio- durante la década de los cincuenta, y con la muerte del ‘Generalísimo’ Franco, el anarcosindicalismo, al que se daba ya por muerto y bien enterrado, resurgió. Una resurrección recibida con desconfianza por parte de los sectores políticos, tanto del sector tardofranquista como por aquello que llamaron “oposición democrática”, pasando por el minoritario –aunque muy activo- tradicionalismo de corte carlista. No solo los partidos políticos que pretendían tomar parte de la “transacción” española vieron con recelo el resurgimiento del anarcosindicalismo, sino también el sindicalismo ‘amarillo’ (CC.OO y U.G.T) que fue tomando fuerza los últimos diez años de la dictadura. La C.N.T. y su ideología no solo no tenían cabida en el proceso de la Transición, sino que suponía verdaderamente un problema. Así que el Estado español tuvo como objetivo prioritario conseguir, no tanto su desaparición, sino la marginalización de la que en su día fue la fuerza sindical con más afiliado de la historia de España.

El retorno

En diciembre de 1975 se hizo una reunión en un local madrileño una reunión de doscientas personas en la que se decidió la puesta en escena (política), de nuevo, al sindicato ‘cenetista’ a nivel local y elegir un comité regional que asumiera el papel de Comité Nacional Confederal. Lo mismo ocurrió en Barcelona justo un año más tarde. El sindicalismo revolucionario, anarquista, que se había dado por muerto, al parecer no había sido bien enterrado, y volvía a resurgir. Entre quienes organizaron la ‘nueva’ C.N.T. estuvieron aquellos cenetistas que habían continuado vinculados a la organización desde la clandestinidad (y que en muchos casos habían estado ligados al colaboracionismo del ‘cincopuntismo’) y los que mantuvieron contacto con el sindicato desde el exilio francés. Además, también participaron de esta reorganización sindical quienes fueran militantes de los grupos “Liberación” y “Solidaridad”. El primero un agrupación de origen cristiano y de corte consejista. El segundo, también de origen cristiano y nacidos en los años setenta que tenían como referencia ideológica y de acción la carta de Amiens del sindicalismo revolucionario.

En menor medida, también se integraron al sindicato anarquista individuos procedentes de otros colectivos cristiano católico, como la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica), que durante el franquismo habían pertenecido al MOA (Movimiento Obrero Autogestionario) y al FSR (Frente Sindicalista Revolucionario) que se inspiraban principalmente en las ideas anarcosindicalistas.

También, y en gran medida, confluyeron en la organización ácrata una gran cantidad de personas jóvenes que procedían de las ideas anti-autoritarias, situacionistas y posmodernas del mayo de 1968, una confluencia que se hizo, sobretodo, a través de lo que durante la Transición Española se llamó “Grupos Autónomos Armados”. Hubo otro sector que, por suerte o por desgracia, fue minoritario a la hora de reorganizar a la C.N.T. llamados “los integrales” y que fueron partidarios de la creación de una organización “integral”, es decir, que la C.N.T. dejara de ser únicamente un sindicato y se transformara en una organización cuya actuación abarcara todo los campos de lo político y no solo el campo sindical. El sector marxista que tomó parte de esta reorganización cenetista lo compuso mayormente la OCI (organización trotskista) y diversos grupúsculos de marxistas libertarios (consejistas).

La puesta en escena

A finales de julio de 1976 tuvo lugar el primer Pleno Nacional de Regionales de la C.N.T. reconstituida de la que tomaron parte las delegaciones de Cataluña, Levante, Asturias y Castilla. En este primer pleno se decidió que fuera la federación local de Madrid quien se encargara de nombrar al primer comité nacional de la nueva era. Fue tres meses después cuando se decidió, en un pleno de militantes, sus nuevos componentes. El mítico –y ya veterano- Juan Gómez Casas fue escogido secretario general. El panorama sindical era muy confuso en aquel momento. No solo desde el punto de vista jurídico, también desde la implantación de cada organización. Por una parte, el Gobierno de Adolfo Suárez procedió al desmantelamiento del Sindicato Vertical franquista. Por otra parte, comenzó una feroz lucha por ocupar nuevamente el espacio sindical. Comisiones Obreras, U.G.T., U.S.O., S.O.C., y E.L.A-S.T.V., crearon la llamada Coordinadora de Organizaciones Sindicales, basada en la moderación política, la reforma pactada y en la subordinación de los intereses de la clase trabajadora a las directrices del Estado español y ‘su’ patronal. La C.N.T., evidentemente, rechazó participar en tal organización.

Pero la guerra ya había comenzado, tanto la COS como las altas instituciones políticas no iban a permitir que el anarcosindicalismo radicalizara, de nuevo, a la clase trabajadora. A finales de 1976 empezaron a difundirse los rumores de que la C.N.T. tenía lazos con los marxistas del PCE(r) y el GRAPO. Daba igual las grandes diferencias ideológicas entre los dos colectivos, en esta guerra todo valía. Incluso el órgano propagandístico del P.C.E., Mundo Obrero, empezó a difundir que la organización cenetista estaba compuesta por servicios secretos para socavar los cimientos de la ‘nueva’ “democracia”. El 27 de marzo de 1977 tuvo lugar la “furia libertaria” en una plaza de toros de San Sebastián de los Reyes donde la C.N.T. celebró su primer acto público con un inconmensurable éxito. Lo mismo empezó a ocurrir por diversas localidades de todo el Estado, hasta que se llegó al cenit en Barcelona. El 2 de julio cien mil personas se congregaron en Montjuich para demostrar que el anarconsindicalismo no estaba muerto. El 7 de mayo de 1977 se procedió a la legalización de la C.N.T.

Dos días después de su legalización, el sindicato anarquista recibió la invitación del ministro de Trabajo de formar parte en la delegación española que acudiría a la conferencia de la OIT que se celebraría en Ginebra. La C.N.T. declinó tal invitación. Se quiso dejar claro que no se quería entrar en el juego de la Transición Española.

La integración del movimiento obrero fue uno de los objetivos prioritarios del Estado español para la consolidación del proyecto de la “transacción” política. Para con la C.N.T., primeramente, se aplicó un régimen de “apagón informativo”. Comunicados, ruedas de prensa o informaciones varias sobre conflictos laborales donde participaba la C.N.T. fueron totalmente silenciadas. En segundo lugar, el modelo sindical que se fue estableciendo tuvo como objetivo prioritario fortalecer las burocracias frente a la propia actividad sindical. Así se reforzaba la dependencia de los partidos políticos y del propio Estado, se buscaba, pues, la existencia de otro Sindicato Vertical que no pusiera en peligro la nueva “paz social” que se estaba creando. Ya en 1976 se produjeron las primeras acciones violentas que se relacionaban con la C.N.T. en ciudades como Barcelona, Murcia, Málaga y Valladolid. Las páginas de los grandes periódicos de tirada nacional iban copándose cada vez más y más de malas noticias que aparecían relacionadas con el sindicato anarquista.

Los Pactos de la Moncloa

En 1977 la situación de España era terrible. El déficit comercial y la deuda exterior triplicaron las reservas monetarias españolas, la inflación alcanzaba promedios del cuarenta por ciento y el paro llegaba al millón de personas, sin que su mayoría recibiera prestaciones económicas. Una situación que para el Estado podía suponer una traba para la propia Transición. Alcanzar un pacto social se convirtió en prioridad del gobierno de Adolfo Suárez. El encargado de llegar a ese pacto fue Enrique Fuentes Quintana.

Fuentes Quintana, ministro de Economía por aquel entonces, fue el encargado de, durante el mes de agosto de 1977, redactar un documento en el que se proponía llegar al ‘ansiado’ pacto social, basado en una moderación salarial para la clase trabajadora y la aceptación de la política gubernamental, es decir, acatar la monarquía parlamentaria y el capitalismo, por parte de los principales sindicatos y partidos de la oposición. Ese verano estuvo repleto de reuniones interminables entre Fuentes Quintana –y demás altos cargos del gobierno- con los principales dirigentes del PCE, PSOE, UGT y CC.OO. Llegó el otoño y se formó las llamadas comisiones mixtas Gobierno-Oposición que redactaron los apartados del texto final que suscribieron los principales partidos parlamentarios del momento el día 25 de octubre en el Palacio de la Moncloa. Justo dos días más tarde, el Congreso de los Diputados aprobó los que serían conocidos desde entonces como los “Pactos de la Moncloa”. Estos pactos representaban el acuerdo de las fuerzas políticas parlamentarias con las fuerzas sindicales mayoritarias para “reconducir” la alarmante situación económica que padecía España. Un pacto interclasista y reformista que traspasaba al mundo laboral el modelo político de la metamorfosis de la dictadura a una monarquía parlamentaria.

Paralelamente a estos pactos, que no suponían más que cargar sobre las espaldas de la clase trabajadora los desmanes económicos de cuarenta años de dictadura franquista, proseguían los ataques, sobretodo propagandístico, contra la C.N.T. Incluso desde la prensa española se dio un carácter anarquista a la R.A.F de Ulrike Meinhof cuando se produjo el secuestro y muerte del empresario Hans Schleyer. Muchos rumores desde los principales periódicos y emisoras de radio, como el del secuestro por parte de la C.N.T. del ministro Landelino Lavilla, incidían en toda la población y hacían que, aún más, el anarconsidncialismo fuera una fuerza marginal.

El atentando contra la sala Scala

Domingo 15 de enero de 1978. Esa mañana la C.N.T. había convocado una manifestación en Barcelona contra los “Pactos de la Moncloa”. Quince mil personas se dieron cita esa mañana en el centro de la ciudad condal. La manifestación transcurrió pacíficamente sin indecentes hasta que se desconvocó la marcha. Aun así, sobre las 13:00 horas de la tarde se desencadenó un gran incendio en la sala de fiesta Scala que se encontraba en la calle Consell de Cent con el passeig de San Juan. El incendió fue de tal proporción que no solo destruyó todo el edificio, sino que también causó la muerte de cuatro de sus trabajadores, casualmente afiliados, dos de ellos, a la C.N.T. En un primer momento nadie pensó en un acto terrorista, sino en un intento de atraco con desenlace final trágico. También se habló de una posible “campaña” de apoyo a Albert Boadella, perseguido en aquel momento por la actuación teatral de su obra “La Torna” donde ridiculizaba a las altas estancias militares. Sin embargo, durante la mañana siguiente la Policía Nacional hacía público un documento donde informaba de la detención de cuatro jóvenes militantes de la C.N.T. que supuestamente habían participado en la manifestación. Según la versión policial, después del mitin de finalización de la marcha, se dirigieron a la sala de fiestas contra la que lanzaron seis artefactos incendiarios que originaron el fuego. Se les calificó de “Comando F.A.I.” que, según la policía, era el brazo armado de la C.N.T.

Todos los medios de comunicación comenzaron a relacionar este atentado terrorista con la organización cenetista. Estaba claro que, una vez más, se intentaba identificar a sindicato con atentados, violencia y perturbación de la “paz social”. En tan solo 48 horas se había logrado identificar y detener a los presuntos terroristas, lo cual extrañaba mucho. Los días siguientes se sucedieron más detenciones de militantes cenetistas. Hasta doscientos cenetistas pasaron por las dependencias policiales. Se trataba, pues, de una campaña, para amedrentar a las personas más activas del sindicato ácrata y dar una imagen de organización terrorista para alejar así al cuerpo de afiliados. Terrorismo de Estado puro y duro. El deterioro de la imagen de la C.N.T. fue brutal, y fue un punto de inflexión del cual no se levantaría cabeza nunca más. El estigma fue tan brutal que pertenecer a la C.N.T. era sinónimo de ser terrorista y miles de trabajadores y trabajadoras se dieron de baja del sindicato. El Estado español había conseguido su objetivo. Todos los detenidos e imputados fueron torturados y humillados, así se consiguieron las confesiones por parte de los cenetistas. El caso más terrible fue el contado en el juicio por la cenetista Maite Fabres, que denunció que fue apalizada durante horas y encañonada con una pistola en la cabeza. Un mes más tarde el juez que instruía el caso ordenó el procesamiento de once cenetistas por “delitos de atentado” y “tenencia de explosivos”. Las detenidas comenzaron una largaperegrinación por diversas cárceles españolas, desde Barcelona hasta Segovia, pasado por Ocaña, Burgos y Yeserías.

Un juicio extraño

Como suele ser tradición en los juicios políticos, la instrucción del caso Scala estuvo repleto de irregularidades y trabas. Como por ejemplo la ausencia del ministro de Interior Rodolfo Martín Villa, citado por las defensas, la destrucción rápida del edificio Scala y la negativa judicial de aceptar como testigos a los propios dueños de la sala de fiestas. El juicio fue tan estrafalario que hasta la acusación tildó de anarquista al fiscal del Estado, Alejandro del Toro Marzal, por sus protestas contra lo que consideró un escándalo judicial.

Uno de los puntos negros del caso fue el propio origen del incendio. El juez que comenzó la instrucción del caso Scala pidió un informe a un perito. En su resultado perital aparecían los análisis de laboratorio de las muestras que se recogieron. En ellas se había detectado la presencia de fósforo, componente químico totalmente ausente de los cocteles molotov que se habían lanzado contra la sala de fiestas. Parecía como si se hubiera acumulado el fosforo en la sala Scala para que esta ardiera como una falla. Los testigos de la acusación decían haber oído detonaciones, pero el informe perital dictaminó que las bombonas de propano no explotaron. Otro de los percances con los que se encontró la defensa fue el repentino interés por parte de los propietarios de la sala de fiestas por comprar las fotos tomadas durante el incendio, realizadas por un vecino. Días más tarde los negativos fueron comprados y las fotos no volvieron a ver la luz. Tampoco se hizo caso a las declaraciones de varios testimonios vecinales que aseguraban que el fuego se había iniciado en la parte trasera, justo el lado opuesto donde impactaron los cócteles molotov. La defensa hizo hincapié en que la entrada del local, revestida con moqueta anti-inflamable, estaba intacta. El juez hizo oídos sordos. Todo este juicio político provocó hasta un “enfrentamiento” entre la Audiencia Provincial de Barcelona y la mismísima Audiencia Nacional. La Audiencia Provincial, entendiendo que se trataba de un acto terrorista, envió el sumario del caso a la Audiencia Nacional en Madrid para que fuera esta quien se hiciera cargo. Sin embargo, la Audiencia Nacional le devolvió el caso a la Audiencia Provincial de Barcelona, donde se celebraría la vista judicial finalmente. El “enfrentamiento” venía dado por el criterio de calificación del delito. La fiscalía de la AN no encontraba forma de mantener la acusación de “banda armada” o “delito de terrorismo”. La única prueba de esto fueron las aportadas por la Policía Nacional mediante torturas y humillaciones a los detenidos cenetistas. Tampoco pasó inadvertido el certificado firmado entre el Gobernador Civil de Barcelona con los dueños de la sala Scala en el que se calificaba al incendio como un acto con “carácter político”, lo cual aumentaba la suma monetaria en la indemnización.

Tuvieron que pasar dos años, en enero de 1980, para que la Audiencia Provincial de Barcelona dictara la celebración del juicio. Quedaron oficialmente procesados y casuados Luis Muñoz García, José Cuevas Casado, María José Lopez Jiménez, Francisco Javier Cañadas Gascón, Arturo Palma Segura y María Pilar Álvarez. La otra detenida y torturada durante horas, Maite Fabrés, pasó esos dos años encarcelada y finalmente puesta en libertad sin cargos.

El uno de diciembre se celebró la primera vista en la Audiencia Provincial de Barcelona, tras varios días de encontronazos entre la policía y los manifestantes que clamaban por la amnistía de los acusados. El Tribunal lo formaban Xavier O’Callaghan Muñoz y Ángel de Prada. El desenlace ya venía dictaminado desde fuera, y no era otro que la condena de los acusados. La finalidad de desprestigiar a la C.N.T. ya se había conseguido desde hacía un par de años. En la primera sesión, la defensa, compuesta por Mateo Seguí, Marc Palmés Giró y José María Loperena hicieron hincapié en que las confesiones de los acusados habían sido obtenidas bajo tortura. El Tribunal denegó estudiar si esto era cierto o no. El segundo día de la vista, en mitad del juicio, Maite Fabrés, ya en libertad provisional y el acusado Luis Muñoz se abrazaron efusivamente. Los policías que los vigilaban los separaron de muy malas formas lo cual provocó una gran pelea dentro de la sala entre acusados, policías y parte del público allí presente. El juez ordenó desalojar la sala. Todo el sumario se sustentaba en confesiones obtenidas en comisaria bajo torturas, humillaciones y malos tratos.

La sentencia se hizo pública el día 8 de diciembre de 1980. Se calificaba el incendio como un “delito de imprudencia con resultado de muerte”. Se condenó a 17 años de prisión mayor a José Cuevas, Javier Cañadas y a Arturo Palma, a 5 meses a Rosa López y a 2 años y seis meses a Luis Muñoz. Pilar Álvarez fue absuelta. Los tres restantes quedaron en libertad. También se impuso una indemnización económica a los propietarios de la Sala Scala de Barcelona de 288 millones de las antiguas pesetas y de cinco millones a cada una de las familias de las cuatro víctimas. Como era evidente, la C.N.T. protestó ante esta sentencia basada exclusivamente en las pruebas policiales extraídas bajo torturas.

La ‘muerte’ de un sindicato

Las consecuencias para la  C.N.T. fueron terribles. El caso Scala cortó de raíz su expansión por la clase trabajadora y sus afiliados fueron disminuyendo. Fue una operación, otra más, del Estado español contra el anarquismo en España. La gran repetición de la participación de la C.N.T. en el incendio terminó por hacer creer a la gente sobre su verdadera implicación. Tal hecho terminó por deteriorar, aun más, la imagen del sindicato ácrata y del anarquismo en general. Ser afiliado a la C.N.T. fue algo que se convirtió en sinónimo de tener problemas: Los medios de comunicación lo hicieron impopular y los cuerpos policiales y fascistas peligroso. En esta ocasión, a diferencia de los grandes procesos del Estado contra el anarquismo español, las ideas libertarias no pudieron resistir. El hilo rojinegro se rompió de tanto tensarlo, y hasta el momento no ha podido ser reconstituido. Los ataques a la C.N.T. fueron recibidos con gran alegría por los partidos de “izquierda” como por los sindicatos “mayoritarios” que veían así como desaparecía un fuerte competidor. Todos miraron hacia otro lado. El desprestigio para con la opinión pública sirvió, también, para ahondar en las divisiones internas del sindicato. El seno del sindicato anarquista se dividió entre quienes pensaban que había que defender a los acusados fueran culpables o no, y los que pensaban que tan solo había que defenderlos oficialmente si se demostraba realmente que eran inocentes.

Los años fueron pasando y el caso Scala fue cayendo en el olvido. Los condenados con mayores penas salieron de prisión a los nueve años por buena conducta. La sala de fiestas nunca volvió a construirse. Las familias de las víctimas no percibieron más que un millón de pesetas de indemnización y una pensión de 18.000 pesetas mensuales. Por su parte, la C.N.T., sin desaparecer oficialmente, continuó en declive hasta llegar a la actual situación, de la que intenta resurgir. Nunca más se volvió a reabrir el caso Scala. A nadie parece interesarle “reabir heridas”. Sin duda alguna, lo ocurrido esa fatídica mañana del 15 de enero de 1978 es unomás de los agujeros negros de aquella “modélica” Transición.

El paso de la dictadura “nacional-católica” a la “democracia” parlamentaria en España se hizo sobre un pacto de amnesia y sobre 591 personas muertas. Era necesario desactivar cualquier posibilidad revolucionaria del movimiento obrero. En este hecho estuvo la motivación última del caso Scala.

“No me preocupa ETA, quienes de verdad me preocupan son los anarquistas y el movimiento libertario.” Rodolfo Martín Villa (Ministro de Gobernación) en declaraciones hechas días antes del incendio de la sala Scala.

Borja Libertario