La victoria es insuficiente, la revancha es infinita

ETA anunció su cese definitivo, pero eso no nos bastaba. Después, la entrega de las armas; sin embargo, seguía sin bastar. Ahora que ha anunciado su disolución, por supuesto, tampoco es suficiente.
En 1823, la élite del absolutismo español, con Fernando VII a la cabeza, restauraba el antiguo régimen con una invasión de absolutistas españoles, franceses y de otras nacionalidades, los «cien mil hijos de san Luis». Los liberales constataron que la actitud de la comunidad internacional oscilaba entre la participación directa, como era el caso de Francia, y la indiferencia consciente. Con todo, les tranquilizaron: no habría ensañamiento con las vencidas.
En marzo de 1939, la junta militar del general Casado, que se había hecho con Madrid, ofrecía a Franco y a los suyos la rendición a condición de que no hubiera represalias. La respuesta franquista fue clara: no aceptaban otra cosa que la rendición incondicional, no correspondía a los vencidos poner condiciones.
En ambos casos, hubo terribles represalias contra los vencidos, ya había dicho Breno eso de Vae victis («¡Ay de los vencidos!») y es esa la historia de la que somos herederos, de donde venimos. Eso aprendió el Estado español, como buen Estado que es: que la primera política es la de los hechos consumados y por eso, con toda sinvergonzonería, se llama a la reconciliación entre quienes fueron victimarios y víctimas en 1939-1975 –aunque aquellos verdugos no quisieran dejar de serlo– y se niega la reconciliación entre víctimas y victimarios de ETA –aunque estos hayan estado siete años diciendo que dejaban de serlo y que querían reconciliarse con sus víctimas–.

La respuesta del régimen postfranquista a este proceso de rectificación y autodisolución de ETA es de fastidio y algunas hace tiempo que lo han dicho explícitamente: debe haber vencidos, debe haber vencedores.
Ese es el origen del fastidio: ETA ha elegido disolverse, igual que eligió los pasos previos de este camino de años. No miente el oficialismo cuando dice que la represión conjunta de policías, fiscales y tribunales les había hecho mella, pero exageran a sabiendas, para intentar convencer, cuando dan más importancia a esa represión que a la incapacidad de ETA para generar algo que no fuera rechazo o, como mínimo, cansancio.
Los torturadores más concienzudos no dejan a sus víctimas acceder a sus demandas en cuanto lo intentan, al contrario, siguen sometiéndolos hasta que ellos, que son quienes mandan, deciden que es la hora de cantar o la hora de firmar esa declaración autoinculpatoria que hace de acta de rendición. El régimen quería demoler ETA sólo con sus herramientas, por su sola iniciativa, y ETA les ha dejado con un palmo de narices ejecutando una voladura controlada.

El enemigo autodisuelto no es un enemigo vencido. Desde luego, algunas cosas han cambiado desde 1823 y desde 1939 y las represalias para el autodisuelto pueden ser iguales o menores que para el vencido. La cuestión no es tanto el miedo a las represalias o a tener que asumir una gran dosis de fracaso. La cuestión que aquí empieza a verse clara es otra: lo de ETA no ha sido un suicidio a la numantina; la organización ha recurrido a la eutanasia y sus miembros supervivientes, si bien no tendrán ese paraguas organizativo, sí tendrán cierta comprensión por parte del movimiento abertzale que fue su origen. Un movimiento que no quería darles la espalda ante el enemigo común, pero estaba harto –más harto a cada año que pasaba, a cada nuevo muerto– de la dialéctica de los puños y las pistolas. Un movimiento cuyos sectores civiles, en ese dilema –que parecía en manos de ETA y del Estado– entre dar la espalda a la organización armada o seguir tolerando su actividad con su silencio, desde 2009 tomó la iniciativa y reclamó el fin de los atentados.
La autodisolución ha sido una decisión inteligente y tanto más sorprendente por venir de una organización que hacía décadas que se había convertido en un grupúsculo que actuaba como pollo sin cabeza, pero con el peligro añadido que le daba su provisión de armas y explosivos. La respuesta del régimen fue construir sobre una desconfianza comprensible una pasividad negacionista tan irresponsable que pasará a los anales del pensamiento político occidental junto al «Que inventen ellos» de Unamuno y al «Nada» que escribió en su diario Luis XVI de Francia el día que la plebe tomaba La Bastilla.
La política del dejar hacer mientras las demás se desgastan tiene sus frutos en algunas circunstancias y de eso Rajoy sabe mucho, pero, en el caso de ETA, el régimen ha tenido siete buenos años para recoger el guante que le había echado no sólo la organización ETA, sino todo el MLNV. No lo han recogido y, si en eso han mostrado a sus simpatizantes lo mucho que desconfían de ETA y lo poco que parecen necesitarla como contendiente, ETA ha mostrado a las suyas que podía ser consecuente con un proceso de paz incluso cuando el enemigo no quiere paz. Históricamente, ambas partes habían demostrado sobradamente lo irresponsables e inmaduras que eran; en estos años, con ese listón de expectativas tan bajo, ETA al menos ha demostrado que podía madurar lo suficiente como para retirarse antes de que el desgaste fuera mayor.

Aquí llegamos al gran problema del presente: incluso una organización tan pobre en análisis político y en exigencia ética ha sabido dejar en evidencia al Estado español; no de un día para otro, sino a lo largo de unos años que han dado credibilidad a su apuesta y convertido la actitud oficialista en una huida hacia adelante espantosamente ridícula (comparémosla con las reacciones de los agentes internacionales, fueran franceses, sudafricanos, irlandeses, ... que han saludado ese proceso de paz o incluso lo han facilitado).
Culminado el esperpento, nos hemos librado de ETA, pero el régimen no sólo sigue, es que además está irritado. El Estado es derecho, pero, sobre todo, es poder. Por su propia naturaleza, el derecho pide límites, mientras que el poder pide forzar todos los límites. Es condición del Estado moderno, constitucional, vivir en esa contradicción, sabiendo que parte de la población va a aplaudir cuando se imponga el derecho del poder sobre el poder del derecho, pero que la propia existencia del Estado reclama límites y garantías para que quienes no ostentan ningún poder puedan seguir pensando que ellas no tienen nada que temer del Estado, sólo los malos, sólo el enemigo. Lo malo es que la mayor fuerza en política es la inercia y el antiterrorismo no va a ser tan fácil de liquidar como el terrorismo. El fin del terrorismo real no lleva a la atenuación del antiterrorismo, sino a que acciones o prácticas que no eran terroristas pasen a serlo, como ya hemos explicado en otro texto y también lo han explicado otras. Al buen tiempo, mala cara, sumario en la Audiencia Nacional y que se ponga a trabajar la brigada de información. Las posibilidades de que un sector disidente intente resucitar a ETA son remotas, pero las de buscar terrorismo en cualquier parte, en todas partes, son casi infinitas. El antiterrorismo ya no busca bombas, ni confisca cócteles molotov o armas blancas; ahora investiga peleas de bar, revisa atentamente letras de canciones y funciones de marionetas y persigue referendos y acciones de protesta pacífica.
Queda en nuestras manos, como hace dos generaciones o hace siete, esperar que el Estado triunfante modere por sí mismo su fuerza y su arbitrariedad en el uso de la fuerza o, por el contrario, acordarnos de que hace dos siglos que esperamos que tenga límites y ponérselos, reclamarlos, trazarlos.

La economía capitalista: conflicto, poder… y revitalización sindical

Si a cualquier estudiante de ciencias económicas se le pide que defina y ubique en el plan de estudios conceptos cómo “economía capitalista”, “poder”, “lucha de clases”, “distribución de renta y riqueza”, “sindicalismo” o “democracia económica” seguramente nos encontraremos con el decepcionante resultado de su desconocimiento o al menos de su identificación en los “márgenes” del tronco analítico central de la contabilidad, la economía de empresa, la micro y macroeconomía o la política económica. Con toda probabilidad se desconocerán profundamente corrientes de análisis económico y políticas alternativas cómo el postkeynesiano, institucionalista, neomarxista, regulacionista y radical, ecológico o feminista, de economía socialista o economía libertaria y autogestionaria, impulsadas solventemente por economistas tanto de fuera de nuestras fronteras [1], cómo también por multitud de economistas críticos de ámbitos académicos o sindicales en el propio Estado español [2].

Todo ello es, sin duda, una mala noticia. Sin embargo, pese a la tenaz voluntad de quienes detentan el poder académico y de discurso político en economía por marginar, esconder y silenciar dichas corrientes, la realidad es que la economía capitalista real -y desde luego las relaciones laborales existentes- aquellas que conoce cualquier persona trabajadora, se entienden principalmente con los conceptos antedichos, que se resumen en el título de este artículo, que a su vez da nombre a un curso de introducción a la economía [3], que a su vez se ubica en una de las corrientes citadas, de economía radical, fructífera para abordar los temas aquí planteados [4]. En efecto, el sistema económico capitalista con sus aparatos políticos coadyuvantes, y máxime la empresa capitalista, se sustenta en lo que autores radicales denominan “dimensión vertical”, esto es, en el autoritarismo y el ejercicio del poder de los empresarios sobre los trabajadores y trabajadoras, de la patronal sobre la clase trabajadora, aspecto que condiciona y determina transversalmente las decisiones u organización de la producción, inversión y distribución entre salarios y beneficios [5].

Cómo posiblemente puede parecer muy abstracto y académico lo relatado hasta ahora, quizás con un par de ejemplos vividos sea posible engarzar la caracterización sistémica con la realidad económica y de las relaciones laborales.

En un caso de una mediana empresa del sector de los cuidados, sobre negociación de reducción salarial por dificultades financieras de liquidez y económicas de viabilidad, el economista de la empresa apuntaba que el peso de los salarios en la estructura de costes de la misma era muy superior al de otras empresas del sector, por lo que era imprescindible acometer la reducción salarial planteada a las trabajadoras. La respuesta de la parte social planteó que desde luego era así, pero porque la estructura salarial estaba desproporcionada por arriba, pues los cargos de dirección doblaban el nivel de salarios de referencia en la negociación colectiva sectorial, lo que implicaba que su reducción a nivel de convenio permitía cuasi-equilibrar las cuentas. Entonces se hizo el silencio en la sala y todas las presentes nos dimos cuenta que sin duda habíamos llegado al punto de expresión de un conflicto de poder, el clásico conflicto distributivo en el sistema capitalista entre salarios y beneficios -disfrazados de altos salarios- aplicado al caso recesivo de la crisis empresarial. Finalmente este conflicto se resolvió con la convocatoria de una huelga indefinida de toda la plantilla, que forzó efectivamente a la dirección a reducirse sus salarios a convenio sectorial cómo primera acción previa a evaluar otras medidas, entre otros elementos del pacto de empresa conseguido, relacionados con el control sindical productivo y económico.

Un sindicalismo fuerte implica mejores condiciones salariales, de empleo, protección social, equidad de género y defensa de la salud laboral, así como caminar hacia mayores equilibrios ecológicos.

En otro caso, un grupo empresarial del sector de la construcción de tamaño medio, planteó un despido colectivo de un tercio de la plantilla, en un contexto de muchos años de ingresos no declarados y contabilidad B, que en cualquier caso permitían la viabilidad empresarial. Este despido colectivo cómo caso paradigmático de “violencia del poder privado” utilizando términos que titulan una obra de Antonio Baylos, se tuvo que resolver judicialmente en el Tribunal Superior de Justicia, siendo ratificada la nulidad y readmisión de los despedidos por el Tribunal Supremo. A esta situación se llegó sin duda por una actitud patronal autoritaria. La postura empresarial en la negociación colectiva, defendiendo que concurría causa económica y productiva para el despido colectivo, mientras ganaban dinero de forma ilícita, desembocó en la judicialización del proceso. Se trataba pues del intento de imponer su poder de clase despidiendo a trabajadores cómo mecanismo para eliminar el sindicalismo combativo en la empresa.

Ni que decir tiene que, en general, la reacción sindical a las contrarreformas laborales impuestas vía parlamentaria, así como a las diferentes estrategias empresariales en casos concretos de reestructuraciones y despidos, algunos ya emblemáticos por implicar confrontación solvente ante deslocalizaciones productivas (Coca – Cola en Fuenlabrada, Celsa Atlantic en Gasteiz y Urbina, Zardoya Otis en Mungia, etc.), nos ha dejado una pléyade de experiencias sindicales y de huelgas que bien analizadas nos ayudan para sintetizar algunas conclusiones de interés de cara al debate sobre la revitalización del poder sindical, aquel que efectivamente hace frente a la discrecionalidad del poder empresarial y patronal, elementos indisociables de la dinámica económica capitalista.

Es necesario pues que el sindicalismo combativo gane capacidad de intervención en sus múltiples dimensiones: afiliativa, militante y organizativa, programática, de capacidad de acción colectiva y confrontación con los poderes político-económicos hostiles a la clase trabajadora. Mientras que el voto ciudadano se está demostrando excesivamente voluble y escorado hacia el mantenimiento de mayorías parlamentarias que apuestan por la servidumbre al poder económico, en cambio la militancia y afiliación sindical siguen siendo la principal garantía para recuperar derechos, condiciones salariales y de empleo, consolidando orientaciones de políticas económicas que nos dirijan a mayores cotas de democracia económica y bienestar social. No en vano, múltiples analistas avalan que un sindicalismo fuerte implica mejores condiciones salariales, de empleo, protección social, equidad de género y defensa de la salud laboral, así como caminar hacia mayores equilibrios ecológicos [6].

Una mirada sistemática a estas reflexiones, propuestas y experiencias acumuladas, nos permite centrar algunas cuestiones fundamentales para caminar hacia una recuperación solvente del poder sindical. Sin ánimo de dejar fuera aspectos importantes, pero con objetivo de priorizar recogiendo el núcleo esencial de las fuentes imprescindibles de poder sindical, es preciso fijarse en cuatro pilares que dependen fundamentalmente del propio sindicalismo: negociación colectiva y política sindical; gestión del conflicto laboral, huelgas y repertorios de presión; política social, empleo y economía social; formación sindical, asesoría sindical y técnica, teniendo también cómo base de la arquitectura de un sindicalismo combativo, la financiación sindical.

Lluís Rodríguez Algans. Economista asesor laboral en la cooperativa Maiatzaren Lehena Aholkularitza / Consultoría Primero de Mayo. Profesor de postgrado en la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la UPV/EHU.

Artículo visto en Radicaleslibres y Borroka garaia

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Notas:

[1] Entre otros muchos, Robinson, Kalecki, Minsky, Goodwin, Lerner, Bahduri, Wray, Stockhammer, Onaran Baran, Sweezy, Gordon, Bowles, Sherman, O’Connor, Marglin, Shaikh, Pollin, Hahnel Aglietta, Boyer, Jessop Glyn, Gough, Silver Jackson, Forstater, Beneria, Matthaei economistas sindicales cómo Rehn, Meidner, Palley Liberman, Kardelj, Horvat, Lange, Bettelheim, Vanek, Schweickart, Guillén, Albert… También de corrientes económico-políticas cómo el operaísmo italiano, con Negri (Operai e stato, La forma Estado, Los libros de la autonomía obrera o El poder constituyente), Tronti, Bologna o Fumagalli cómo algunos de sus exponentes, o también autores provenientes del sindicalismo que realizan interesantes aportaciones al análisis sindical del capitalismo post-fordista y una orientación de salida socialista cómo Bruno Trentin.

[2] Agrupados en la Asociación de Economía Critica o participantes del Foro de profesionales del asesoramiento laboral y social de la UPV/EHU dónde se pretende generar inteligencia colectiva desde perspectiva laboralista (también en ámbitos mercantil, administrativo o penal) para juristas, economistas, asesores sindicales, trabajadores y trabajadoras, a la vez que relacionar las experiencias de acción colectiva y sindical con los ámbitos de intervención profesional, académica e investigadora.

[3] “La economía capitalista: conflicto y poder”. Una descripción del curso, con objetivos y plan de estudios se puede encontrar en Edwards y MacEwan. Un enfoque crítico de la enseñanza actual en economía: bases para un nuevo currículo, en el libro “Critica a la ciencia económica”. Periferia, Buenos Aires, 1972. Las lecturas del curso se editaron en los manuales de Edwards; Reich y Weisskopf. “The capitalist system. A radical analysis of american society. Prentice Hall (1ª Edición 1972; 2ª Edición, 1978; 3ª Edición 1986, las tres con lecturas complementarias).

[4] Más correctamente, Economía Política Radical, corriente vertebrada por la asociación creada en 1968, Union for Radical Polítical Economics (URPE), en el marco de la cual se creó una revista de ámbito académico y un centro de economía popular dirigido a militantes sindicales y sociales, el Center for Popular Economics, aparte de otras iniciativas de ámbito universitario cómo el Political Economy Research Institute (PERI), donde se ponen en común líneas de análisis e investigación a corto y largo plazo, así cómo para propuestas de política económica relacionada con inversión socialmente útil además de ecológica o respecto a incrementos de salarios mínimos. Los principales temas tratados por dicha corriente son “economía y poder”, “sistemas económicos comparados” -socialismo, comunismo y autogestión-, “estado capitalista, lucha de clases y distribución de la renta”, “segmentación de los mercados de trabajo” y “estructuras sociales de acumulación” para entender la dinámica medio placista del sistema capitalista.

[5] Bowles y Edwards. Introducción a la economía: competencia, autoritarismo y cambio en las economías capitalistas. Alianza, Madrid. 1990.

[6] Por ejemplo Mikel Urrutikoetxea en ¿Para qué sirve un sindicato? Reflexiones , Juan Torres desde una perspectiva económica en ¿Para qué sirven los sindicatos? o estudios cómo el de Hamann y Kelly, Andrew Glyn, Wilkinson y Pickett, Onaran et. al. a largo plazo relacionando poder sindical y distribución de la renta y riqueza. Especialmente interesante al respecto es el artículo de John Bellamy Foster “Marx, Kalecki, Keynes y la estrategia socialista: la superioridad de la economía política del trabajo sobre la economía política del capital”.