Ayutla de los Libres se regirá sin partidos políticos y por la autonomía; es hora de que los pueblos se autogobiernen

 Demián Revart

Un boom por la autonomía

Parece que hay un boom en la vindicación de las comunidades indígenas y pueblos originarios por elegir a sus propios representantes, no bajo la ya conocida regla de “votemos y a ver qué resultados nos dan” sino de que estos emanen desde el núcleo del pueblo para resolver las circunstancias más innatas y cotidianas que se les presentan. ¿Cómo se le puede pedir a un funcionario de traje que arregle los problemas del campesino si sus manos se empecinan más en acomodar papeles y no los surcos de la tierra? Diría el escritor y poeta John Keats: “el paisaje humano es muy bueno, pero la naturaleza humana es más fina”.

El empujón que llevó a las 140 colonias y comunidades de Ayutla de los Libres a orientarse por esta vía fue que 8 de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014 son originarios de este municipio, por lo que allí se vivió uno de los procesos más fuertes de toda la coyuntura de las movilizaciones, tanto por la exigencia de su presentación con vida, las mejoras sustanciales en la seguridad del municipio, así como en una nueva –y armoniosa- forma de organizarse más allá de las marchas y los mitines.

El 30 de noviembre de 2014, integrantes de la CRAC-PC, maestros de la CETEG, padres y madres de Ayotzinapa, respaldados por un gran sector activo de la población, decidieron tomar el “Narco-Ayuntamiento” y proclamaron públicamente regirse por un Concejo Popular Municipal, debido a que “el narco ya penetró a todas las instancias de gobierno y sólo así evitaríamos otra masacre y las constantes desapariciones forzadas que se viven día con día” [1]. Ese movimiento autonomista se extendió también a los municipios de Tecoanapa, San Luis Acatlán y Tlapa de Comonfort (cercanos geográficamente) y en menor medida en Acapulco de Juárez.

Uno de los principales referentes del movimiento por la autodeterminación, Manuel Olivares Hernández (secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos) dejó para la historia accional el siguiente mensaje: “estamos en el ejercicio del narcopoder, que ha dejado decenas de fosas, incluso Guerrero es un gran cementerio clandestino, por eso con los concejos municipales se va a reemplazar a las autoridades municipales que no garantizan el derecho a la vida y a nuestro patrimonio” [2].

A partir de esa fecha, la fórmula autonomista se ha venido trabajando hasta llegar al Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) del estado de Guerrero y a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para validar la realización de una consulta popular los pasados sábado 10 y domingo 11 de junio en el centro del municipio.

Es hora de que los pueblos se autogobiernen

Nos elevaríamos en idealismos si deducimos que este proceso va corriendo como Usain Bolt en una carrera de pista sin obstáculos. En la contienda persiste una gran contracorriente partidista y conservadora que se ha opuesto a la elección por usos y costumbres desde una asamblea consultiva realizada en octubre de 2015. Como sucede en muchos movimientos sociales, estos son marcados por las huellas de una fuerte polarización entre estratos –quienes tienen más y quienes carecen de ello-, en este caso, entre los pueblos originarios y rurales –mayoritariamente de raíces na’ saavi y me’phaa- en antagonismo con las colonias de la cabecera municipal. A mayor dinero en el bolsillo, mayor exclusión de los sin rostro.

No obstante, el resultado de la reciente consulta fue convincente y decisivo; 7,178 pobladores votaron por el modelo de asamblea comunitaria, mientras que sólo 5,965 votaron por la elección de planillas [3] (en su mayoría, militantes de la tríada corrupta PRI-PAN-PRD y sus partidos satélites, e incluso hizo una participación sigilosa la actual alcaldesa priísta Hortencia Aldaco Quintana).

Es vital decir que “la consulta no fue tan fácil, ya no que ni siquiera habían consultado a los pueblos indígenas que existiría ese informe sobre cómo elegir a sus representantes” nos comenta un poblador ayutlense, y en efecto, unas 100 personas se tomaron las instalaciones del IEPC el pasado 25 de mayo de 2017 para exigir que fueran consultados “mixtecos, tlapanecos, mestizos (…) ya que la asamblea es la máxima autoridad donde se toman las decisiones”.

Los resultados obtenidos estos 10 y 11 de junio reafirman el hecho de que a pesar de ciertos amañamientos e intereses disfrazados por fuera de lo que en realidad es la democracia comunitaria, tergiversándola para hacerse extraoficialmente de los territorios más volubles dentro de su billetera política, son las mayorías quienes reivindican los usos y costumbres.

De igual forma, “diversos partidos políticos han intentando convencer con regalos y dinero a los comisarios para que no se presentaran a las juntas (…) diciendo también que los programas sociales como “Prospera” desaparecerán si los partidos son expulsados”.

El Sebastopol [4] de la autonomía y el autogobierno va a continuar ganando posiciones estratégicas y un gran apoyo local-nacional ante el bando partidista-empresarial.

De estar out a la reivindicación colectiva

Ayutla es considerada como la cuna del Ejército Popular Revolucionario (EPR) nacido en mayo de 1994, por lo que se imaginarán las redadas, vigilancia desorbitante y los asesinatos extrajudiciales que realizaron tanto el Ejército mexicano como la policía con el pretexto de capturar a los guerrilleros.

(…) según el último reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2010, en Ayutla de los Libres el 88% de los habitantes vive en pobreza y la mitad de sus habitantes no tiene recursos suficientes ni siquiera para comer.

Una tercera parte de sus pobladores tiene rezago educativo y no tiene acceso a servicios de salud, mientras que el 78% no tiene acceso a los servicios básicos de vivienda (…), [5]

Ese mismo año surgiría la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) con una gran y primordial participación de mujeres indígenas. En 2016 denunciaron que tan sólo en ese año fueron ejecutadas 20 mujeres originarias en conjunto con el municipio vecino de Acatepec. Su trabajo antimilitarista les ha provocado el asesinato de 16 integrantes y personas cercanas a su labor de defensa comunitaria, 7 más fueron detenidos y unos 107 han recibido amenazas directas (gobierno, políticos, narcotráfico, policías… ¡ya a ni quien apuntarle!).

La pobreza es un factor determinante (aunque no un pretexto minóico) para la organización interna de las localidades de Ayutla, ya que:

por lo que el desarrollo económico desde lo-local es también un argumento para la autogobernanza.

Vuelvo a una de las primeras preguntas que plasmé en las líneas iniciales de este texto: ¿cómo pedirle al Estado que acreciente los niveles económicos cuando éste los administra –a través de la violencia y la estratificación- facilitándo las ganancias capitalísticas a una sola clase social?

Comunitarios de la CRAC-PC realiazan inspección y vigilancia en las entradas del municipio.

La seguridad es otro punto a tratar. Fue en 2010 que los ayutlenses se integraron a la CRAC-PC de la Costa Chica para instalar retenes y reducir los niveles de inseguridad. Con el tiempo –y las infiltraciones- en el proyecto comunitario de la misma CRAC, se hizo una ruptura de la que emergió la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que no precisamente ha tenido un historial blanco como grupo armado. ¡Esto no pareciera cierto! (pero sí lo es). La voluntad popular en Ayutla ha sido la que afianzara la participación de ambos grupos en el seno de la seguridad, a pesar de las diferencias mixofílicas y una confrontación política -incluso armada y desmedida- que aún persiste en otras regiones guerrenses.

El gobierno empezaba a temblar a inicios de enero de 2013 que los grupos armados oficializaron ante los medios de comunicación su incidencia en Ayutla. Los mensajes ‘por debajo de la manga’ desde la cúspide gubernamental llegaban asiduamente a sus respectivos dirigentes, pero los retenes y acciones “por fuera de la ley” no se interrumpieron ni un sólo día.

El jueves 31 de enero de 2013 en la comunidad de El Mezón, unas 500 personas realizaron el primer juicio popular a 54 delincuentes capturados que han sido vinculados al crimen organizado.

Estas iniciativas desde el seno interno de los pueblos y barrios –ya que todos los integrantes de la CRAC-PC son elegidos por asamblea comunitaria- provocaron intensos disgustos y rabietas por parte del gobierno estatal. El 21 de agosto del mismo año, el Ejército mexicano intentó desarmar en una emboscada a los comunitarios de la CRAC-PC de la Casa de Justicia “El Paraíso” en el poblado del mismo nombre, dando como desenlace la captura de seis de ellos (Bernardino García Franciso, Ángel García García, Florentino García Castro, Eleuterio García Carmen, Ambad Ambrosio Francisco y Benito Morales Justo).

Tendrían que pasar 3 años hasta su liberación el 13 de mayo de 2016…

Integrantes de ambos grupos armados retienen a 54 delincuentes vinculados con el crimen organizado. En asamblea, se decide postergar las sanciones en una nueva reunión en el municipio de Tecoanapa.

Autoconstrucción y algunas conclusiones para el futuro

La relevancia de admirar la democracia comunitaria practicada a través de los usos y costumbres no es como tal a la forma que representa el cambio de paradigma en la toma de decisiones, sino, en los siguientes contenidos:

A) La expulsión definitiva de los partidos políticos, por tanto, la confrontación constante –que muchas veces no es aparente- con la estructura del Estado moderno.

B) La abolición de una figura presidencial y la erradicación futuro-temporal de las jerarquías políticas, al conformarse concejos integrados por pobladores de cada uno de los barrios o comunidades que son elegidos por el servicio e interés en el desenvolvimiento colectivo de un territorio y quienes lo habitan, no por jugarretas partidistas o de provecho vanguardista para organizaciones ya conformadas.

C) La autonomización total y antisistémica del territorio tras la sólida conformación de una economía cooperativa y el fortalecimiento de la autodefensa comunitaria, dejando de lado las dádivas de los tres niveles de gobierno.

No hay que ser soez (y a eso me dirijo con el segundo inciso de estos argumentos). En el proceso de elección por usos y costumbres puede existir también la intención de organizaciones y ambiciones personificadas en representantes autoritarios para obtener cargos políticos “independientes” que demeriten la intervención de la gente interesada en el bien común.

Las conclusiones tendrán que derivarse de un serio y constante ejercicio deliberativo y de limites-alcances desde –y para- las comunidades en donde las rivalidades o la ambición de ser-autoridad prevalezcan.

¡QUE LA TOMA DE DECISIONES RESIDA DESDE LO MÁS DEBAJO DE LOS PUEBLOS!

¡SOLIDARIDAD CON LAS COMUNIDADES DE AYUTLA DE LOS LIBRES RUMBO A LA AUTONOMÍA!

¡NUNCA MÁS UN GUERRERO SIN LOS DE ABAJO!


Notas y referencias

[1] Conversación con pobladores de Ayutla en el XXI Aniversario de la CRAC-PC, celebrado en la comunidad de Horcasitas en San Luis Acatlán, Guerrero. Octubre de 2016.

[2] “Forman consejos populares en Ayutla de los Libres y Acapulcopor Sergio Ocampo y Héctor Briseño, La Jornada, 30 de noviembre de 2014, p. 7. (http://www.jornada.unam.mx/2014/11/30/politica/007n1pol)

[3] “Gana en Ayutla el modelo de elección por usos y costumbres en asambleas” por Jacob Morales Antonio, El Sur: Periódico de Guerrero, 14 de junio de 2017. (http://suracapulco.mx/1/gana-en-ayutla-el-modelo-de-eleccion-por-usos-y-costumbres-en-asambleas/)

[4] Buque de guerra utilizado por marineros anarosindicalistas en la Rebelión de Kronstadt en 1921.

[5] “Ayutla de los Llibres, el lugar donde los civiles ejercen la justicia” por Daniela Rea, CNN México, 1 de febrero de 2013. (http://expansion.mx/nacional/2013/02/01/ayutla-de-los-libres-el-lugar-donde-los-civiles-ejercen-la-justicia)

Publicado el 16 de Junio de 2017 en:

http://rupturacolectiva.com/ayutla-de-los-libres-se-regira-sin-partidos-politicos-en-julio-de-2018-es-hora-de-que-los-pueblos-se-gobiernen/

Policía Comunitaria de Guerrero: una institución de los pueblos para la seguridad y justicia desde abajo.

La historia del Estado de Guerrero, en México, encuentra su hilo conductor en la violencia, en particular la violencia política. La actitud autoritaria y represiva de las élites locales, tratando de mantener las grandes desigualdades que atraviesan a la región, se ha enfrentado continuamente con los intentos organizativos rebeldes de las clases populares. En los '70 operaron en este estado las dos principales guerrillas rurales mexicanas. Hoy en día no han parado los asesinatos y desapariciones de activistas o políticos locales. En cambio, se ha incrementado, al igual que en muchos Estados del país, la violencia supuestamente relacionada con la delincuencia organizada. Guerrero en 2015 representaba la entidad del país con el mayor numero homicidios en relación al numero de habitantes, y en este año 2016 han aumentado respecto al anterior. En la prensa local a diario se reportan noticias de asesinatos o eventos delictivos, pero lo interesante que se nota es que casi la totalidad de estos acontecimientos ocurren en las regiones del centro, norte y occidente del Estado. En cambio, las regiones llamadas Montaña y Costa Chica, en el sur oriente del Estado, los índices de violencia relacionada a la criminalidad organizada son mucho mas bajos que en las demás. En varios municipios de estas dos regiones, desde hace más de veinte años funciona un Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria que toma el nombre de CRAC-PC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria).

[Se articularon] a nivel regional grupos de seguridad que no dependían de las instituciones oficiales sino que de sus instancias comunitarias

La CRAC-PC surgió en 1995 en un clima de inseguridad que afectaba a los campesinos cuando se trasladaban de sus comunidades a la única ciudad de la región para ir a vender su cosecha de café. En aquellos años eran frecuentes asaltos en las brechas y caminos. Varias veces terminaban con asesinatos y violaciones a las mujeres. Representantes de las comunidades y dirigentes sociales empezaron a convocar asambleas para resolver este asunto, pero, frente a la insensibilidad mostrada por los diferentes niveles de gobierno, decidieron que la única alternativa que les quedaba era organizarse ellos mismos para atender su seguridad. El 15 de octubre 1995, representantes de 28 comunidades acordaron conformar su propios grupos de seguridad, que nombraron Policía Comunitaria. En los meses siguientes, en cada localidad se eligieron en asamblea a un grupo de policías, que funciona en base al “sistema de cargos” y la lógica del servicio de las comunidades indígenas.

No era nada nuevo la existencia de grupos de seguridad comunitarios en los pueblos indígenas mexicanos. Siempre hubieron en la historia, y en muchos lugares aún siguen funcionando al interior de sus propias comunidades. La novedad de esta Policía Comunitaria fue que sus grupos se coordinaron entre ellos para patrullar y moverse por todo el territorio, puesto que el problema en aquel entonces eran los asaltos en los caminos. En la practica se generó un proceso de articulación a nivel regional de grupos de seguridad que no dependían de las instituciones oficiales sino que de sus instancias comunitarias, coordinados bajo el mando de comandantes regionales y de una asamblea regional.

[Los condenados] son privados de su libertad, pero no van a una cárcel, sino que son enviados en las comunidades por temporadas de 15 días.

Investigaciones y reportajes periodísticos han registrado los éxitos del proceso comunitario: una bajada de los indices delictivos entre 90% y 95%, alcanzando gran respecto y consenso en toda la región. Inicialmente los delincuentes o supuestos tales que eran detenidos se entregaban a los entes de justicia oficiales. Pero, el contexto de corrupción e ineficiencia de estos órganos provocaba que en muchos casos fuesen dejados en libertad dentro de pocas horas o días, causando un gran malestar en la población. Así que en 1998 en una asamblea regional los pueblos decidieron constituir su propia instancia de justicia comunitaria, que hoy en día se llama Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, conformada por un consejo de autoridades nombradas en la asamblea, encargado de la impartición de justicia. A partir de aquel entonces, los detenidos son juzgados por este órgano, en su propria lengua, y según procedimientos de las comunidades locales, que no preven la intervención de abogados y privilegian la conciliación entre las partes. Si son condenados, entran en un proceso que llaman reeducación. Son privados de su libertad, pero no van a una cárcel, sino que son enviados en las comunidades por temporadas de 15 días. Ahí los policías comunitarios y las autoridades locales son los encargados de resguardar a los presos, de proporcionarles comida y de hacerlos trabajar 8 horas la día, de lunes a sábado, en actividades para la comunidad.

Con los años el proceso se ha expandido, integrando a su interior comunidades campesinas mestizas, y más recientemente población urbana, llegando a ser una institución comunitaria regional y pluriétnica: actualmente participan ahí poblaciones de alrededor de 150 localidades, de cuatro étnias diferentes. A pesar de algunas escisiones internas pasadas en los últimos tres años, el espacio de la CRAC-PC se ha vuelto también un ámbito de articulación entre sus pueblos para enfrentar problemas de varios tipo. Esto se comprobó en 2011 cuando, frente la amenaza de proyectos de minas a cielo abierto en toda la región, fue desde las asambleas regionales de la CRAC-PC que se impulsó el movimiento de defensa del llamado territorio comunitario. Dichos proyectos por el momento están suspendidos, debido a la pronta reacción de las comunidades, pero la región sigue siendo bajo la mirada de las grandes empresas extractivas por la supuesta presencia de metales preciosos. Muchos analistas han interpretado que el aumento de represión y de los intentos gubernamentales de cooptacion contra de la CRAC-PC que se han dado en los últimos tiempos, se deben a que ella representa el principal obstaculo a los intereses de estas empresas capitalistas.

Desde 2013 han surgido decenas de grupos de defensa comunitaria o ciudadana en todo el Estado de Guerrero

Desde 2013 han surgido decenas de grupos de defensa comunitaria o ciudadana en todo el Estado de Guerrero, como respuesta al recrudecimiento de la violencia de la criminalidad organizada contra la población. En la actualidad, fuentes periodísticas reportan la existencia en la entidad –además de la CRAC-PC– de 4 sistemas de seguridad y justicia ciudadana y 5 grupos de autodefensa, en los cuales participan alrededor de 20 mil ciudadanos armados. Algunos de estos grupos surgidos recientemente ingresaron en la CRAC-PC, pero sus acciones se confrontaron en manera directa con las instancias gubernamentales, lo cual le causó una dura represión. El ejemplo más conocido ha sido el encarcelamiento de Nestora Salgado, Comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, debido a que su grupo detuvo a un funcionario del ayuntamiento acusado de estar vinculado a un grupo criminal de aquella zona. Gracias a una campaña internacional y a movilizaciones en Guerrero, a inicio del 2016 Nestora Salgado alcanzó la libertad, aunque en la actualidad siguen aún 3 integrantes de la CRAC-PC en la carcel. El ataque a la organización comunitaria no ha parado: además de la existencia de un gran numero de ordenes de aprehensión en contra de algunos de sus miembros, a finales de noviembre 2016 fue secuestrado y posteriormente asesinato el coordinador de la Policía Comunitaria de Tixtla -municipio conocido por alojar la escuela normal de Ayotzinapa- a través de una acción de explicito desafió a la organización reivindicada por un grupo criminal de la zona.

Daniele Fini