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La necesidad de poner por escrito estas reflexiones surge tras la lectura del artículo publicado en Regeneración Libertaria “Lo público y la autogestión: defensa y avance” del Grupo Anarquista Albatros. He de decir que la intención no es enfrascarme en una polémica meramente ideológica de opiniones vacías, sino poder avanzar en un debate fundamental, a mí entender, en el momento de conflicto social actual en el que nos encontramos. Es por ello que busco contraargumentar algunos de los planteamientos vertidos en el artículo. Espero que ambas posturas sirvan para enriquecer un necesario debate dentro del medio libertario, si queremos dar pasos hacia un proceso de cambio social real [1]. A falta de un origen genuino de este escrito, seguiré el hilo del artículo que critico para expresar mis ideas respecto a este tema.

En primer lugar, debo decir que no comparto la separación que se hace entre Estado y Capital. El hecho de que se trate de dos entes aparentemente ajenos y en ocasiones antagonistas (en términos de posicionamientos liberales o proteccionistas), no debe llevarnos a confusión. Ambos responden a los mismos intereses y sus aparentes conflictos no son sino aquellos que expresan la competencia entre distintas facciones burguesas. La burguesía no es eminentemente liberal o proteccionista, ambos planteamientos son estrategias a utilizar en función de las necesidades del capital de expandirse y reproducirse. Por ello puede llevar a confusión, y a la vez ser fruto de la confusión, el establecer lo estatal como ajeno al mercado e incluso opuesto a este. La idea subyacente que se expresa en la afirmación de que los servicios públicos eran algo en lo que los capitalistas no podían meter mano es que el Estado es una institución que de alguna forma nos protege del capitalismo o, en la versión ciudadanista, que lo regula para que no se desmadre. Ambas opciones obvian que el Estado responde a la necesidad de los capitalistas de regular en un territorio determinado las condiciones de explotación de la clase trabajadora y, sobre todo, de defender sus intereses frente a la propia clase trabajadora u otros capitalistas.

Se plantean los servicios públicos como conquistas de la clase trabajadora, sin embargo, aunque es innegable que se establecieron como respuesta a la creciente fuerza del proletariado, no es menos cierto que también supusieron la opción menos mala para la burguesía en un momento de crecimiento económico y maximización del beneficio extraído a los trabajadores. En cualquier caso creo que un análisis de los procesos históricos de lucha ha demostrado que, en parte, esos servicios públicos supusieron el germen, aunque no el único, de la derrota proletaria cuyas consecuencias vivimos hoy día.

Los servicios públicos son actividades controladas por el Estado y aunque pretendamos establecer la necesaria diferencia conceptual entre público y estatal, negar que esos servicios responden al control social del Estado, entendido como gestión más que como vigilancia (lo que no excluye que a través de esa gestión se amplíe el grado de acción y la capacidad de la vigilancia), es tergiversar la realidad. Que esos servicios públicos cubran necesidades de los trabajadores y que por tanto no sean ajenos a sus intereses, no significa que en realidad respondan a los mismos. Entender el concepto de lo público como “aquello que tiene cualidades para no ser una mercancía” o cuya “gestión esté al margen del mercado” es efectivamente un paso para cambiar el concepto de las relaciones sociales, pero no podemos olvidar que los servicios públicos (es decir, estatales) están regidos por criterios mercantilistas en tanto que constituyen parte del salario social que los trabajadores y trabajadoras (aquellas que lo hacen en el ámbito reproductivo también) reciben a cambio de vender su fuerza de trabajo.

Simplificar la cuestión de la organización social diciendo que estos servicios serán necesarios en un escenario posrevolucionario merecería un largo debate sobre la forma y el contenido de la revolución que ahora mismo considero estéril, pero que sí requiere ciertos matices para comprender el proceso revolucionario que queremos, y necesitamos, acometer [2]. Decir que las personas necesitaremos instituciones, organizaciones o estructuras sociales para vivir antes, durante y después (si existe un después) de la revolución social no es decir nada nuevo ni descabellado, pero obviar que también deberán ser esencialmente distintas a estos servicios, y no solo en términos de gestión, es no ser capaz de ver que lo que se trata a través de la revolución social es de transformar por completo las relaciones sociales y el mundo en el que vivimos, no únicamente gestionarlo de otra manera, ni aun tratándose del tan recurrente período de transición entre la sociedad capitalista y la sociedad “posrevolucionaria”. Considero que este planteamiento acerca del período de transición hasta ahora no solo se ha demostrado erróneo, sino que responde a la incapacidad teórica, y práctica, de resolver cómo acometer a cabo dicho proceso revolucionario.

Esto no significa que los conflictos sociales actuales no sean un ámbito de la lucha revolucionaria, ni mucho menos [3], sino que ésta debe articularse con plena coherencia asumiendo entre otras cosas que efectivamente no es fácil “decir” a la gente que transformar la sociedad implica dejar de delegar nuestras vidas, extender la lucha hasta las últimas consecuencias, etc. Esto es algo que sabe muy bien toda persona con una perspectiva revolucionaria que haya intentado salirse de los espacios “guettizados” y luchar codo con codo con sus vecinos y vecinas o en espacios políticamente heterogéneos.

Uno de los principales errores del artículo, o con los que más en desacuerdo me encuentro, es el análisis de la naturaleza de los servicios públicos y su concepción de ellos como derechos. Los servicios públicos no solo no son derechos sino que, además, tampoco rompen con la lógica de mercado del capital. De hecho son una parte imprescindible para su reproducción, pues si no podemos acudir al trabajo (transporte) o mantenernos en condiciones físicas de trabajar (salud) no hay producción capitalista. En mi opinión, la propia noción de derecho debería ser discutida desde una perspectiva revolucionaria, pero eso será materia de un debate distinto.

Es más, creo que es necesario que rompamos los límites de lo que conocemos para poder pensar y expresar una sociedad radicalmente diferente. El artículo acierta al observar que “el reconocimiento de un derecho por parte de una ley no significa la inmediata materialización de este”, sin embargo en el mismo párrafo demuestra esa incapacidad de la crítica social y del medio antagonista para imaginar unas relaciones sociales diferentes cuando equipara el organizar la propia vida con hacer cumplir un derecho público, al margen del error que supone equiparar servicio público con derecho público. La lucha contra el capital por una necesidad básica no es revolucionaria per se, únicamente lo es cuando la defensa de esas necesidades básicas niegan sin ambigüedades, tanto en la propia lucha como en los objetivos que persigue, las relaciones sociales capitalistas.

Llegados a este punto, veo innecesario volver sobre los límites de la autogestión como praxis revolucionaria. Primero porque el propio artículo ya los plantea y segundo porque, a falta de proyectos, experiencias o propuestas autogestionarias concretas que analizar, reflexionar sobre la autogestión en sí resulta abstracto para el tema que nos ocupa. No obstante, sí me gustaría hacer algunos apuntes al hilo de este debate [4]. Es evidente, como bien afirma el artículo, que la autogestión por sí misma no puede transformar la sociedad. En todo caso supone una herramienta de lucha, fundamentalmente contra el Estado; que lo sea también contra el Capital depende del propio proceso revolucionario, algo que también afirma el artículo. La publicación Terra Cremada lo expresaba así:

“Evidentemente, la realidad no es blanca o negra y, como la lucha de clases bebe de las contradicciones que da esta realidad, «la autogestión» en abstracto tampoco la podemos refutar. A pesar de que la autogestión no es la alternativa al capitalismo, sí que nos puede ayudar a caminar para superarlo, ya que la lucha por la gestión colectiva de las productoras puede hacernos ver la coincidencia de intereses como explotadas, puede ayudarnos a romper el aislamiento y el individualismo del «sálvese quien pueda» y, lo que es más importante, el hecho de pasar por la autogestión de nuestro espacio de explotación puede permitirnos darnos cuenta de que esto no soluciona la explotación en sí. No es necesario pasar individualmente por estos procesos para darnos cuenta de esta trampa contrarrevolucionaria, pero seguramente a un nivel colectivo alguna gente apostará por la fórmula autogestionaria hasta que no se dé cuenta que la satisfacción de las necesidades de toda la sociedad no pasa por cambiar las formas de quién gestiona qué, sino de un cambio profundo de la totalidad de las relaciones sociales.” [5]

No obstante, hablar de autogestión en relación a los servicios públicos tiene sus propios matices. Efectivamente, éstos no son ajenos a los intereses de las personas, al menos no como podría serlo una fábrica de armas o de coches, y por tanto atender a sus propias necesidades es primordial para el proletariado si aspira a poder avanzar en un proceso revolucionario, tanto en términos de autonomía en la lucha como de construcción de nuevas relaciones sociales. Aún así, la vía de la autogestión de los servicios públicos para resolver esta cuestión ofrece como mínimo serias dudas. En primer lugar sobre su viabilidad y, en segundo, sobre su capacidad para desembocar en una ruptura radical con las relaciones sociales capitalistas caracterizadas por el asistencialismo, la pérdida de responsabilidad y de autonomía colectivas, la especialización, etc. El caso del Hospital Dos de Mayo de Barcelona allá por el año 2011 es una muestra significativa de las formas que puede tomar la autogestión de un servicio público:
“¿Qué significa la autogestión de un hospital? Un hospital nada más tiene tres maneras de subvencionarse: por parte del Estado, de forma privada a partir de sus socias o clientes, o a través de los impuestos con una gestión del capital por parte de un grupo privado. Si nos fijamos detenidamente […] lo que se da cuando se habla de autogestión por parte de las trabajadoras es un proceso de privatización donde […] una empresa que no es rentable con un formato clásico pasa a serlo vestida como cooperativa de trabajadoras. El Estado, de esta manera, mata dos pájaros de un tiro: por una parte evita el conflicto laboral a la hora de recortar presupuestos, desplazándolo hacia la movilización de las currelas en la salvaguarda de sus lugares de trabajo y, por otra, consigue que el servicio que anteriormente se estaba ofreciendo continúe, evitando así el malestar de las usuarias. Tiempo al tiempo, pero si no ya lo veremos... el copago será introducido en este tipo de ensayos y no será de la mano del Institut Català de la Salut, sino por parte de las trabajadoras del hospital alegando a la solidaridad con un servicio pretendidamente indispensable.” [6]
El problema básico respecto de la propuesta del artículo es que si seguimos defendiendo períodos de tránsito prerrevolucionarios basados en la gestión cooperativa del mundo actual hasta poder llevar a cabo realmente las relaciones sociales que deseamos construir, seguimos aplazando hasta el infinito la posibilidad de crear esas relaciones. Los procesos de lucha de los que somos herederos, o pretendemos serlo, deberían enseñarnos que el proceso de la revolución social tiene que contener en sí mismo todas las características de esa revolución social. Y ésta no es una cuestión de echar a la burguesía privilegiada y gestionar nosotros mismos el sistema que han construido para defender sus intereses, sobre todo porque la explotación capitalista no es simplemente un problema de gestión, sino de cómo nos relacionamos, tanto entre nosotros como con la naturaleza:

“El capitalismo tampoco es una manera de organizar la economía a pesar de que sus pilares sí surgen de quién, cómo y qué se produce en esta sociedad. Pero la forma que toma este sistema hoy en día ha salido del estrecho marco del mundo laboral extendiéndose al resto de aspectos sociales que hasta entonces habían tenido cierto margen de libertad. Ahora la generación del capital no se limita a la producción, sino que intenta crecer ininterrumpidamente a partir de la mercantilización de los recursos básicos —agua, tierras productivas, etcétera—; de la explotación de la Tierra, plantas y el resto de animales; y de todo lo que produce vínculo social —comunicación, afectos, conocimientos, etc.” [7]

No pienso que la autogestión deba ser ningún norte revolucionario, incluso como herramienta tiene sus propias limitaciones, por lo que centrar la lucha por nuestras condiciones de vida a la cuestión de la autogestión de los servicios puede ser limitar en la práctica, si no condenar, la perspectiva revolucionaria.

Volviendo al asunto principal del artículo, lo público, veo necesario seguir reflexionando sobre algunos de los puntos que considero erróneos. El intercambio y la distribución de productos, las comunicaciones y el resto de servicios públicos no responden a necesidades reales de la población, excepto quizá en el sentido difuso del término población, sino a las necesidades e intereses del capital. Una vez más, el artículo mezcla la evidente necesidad, o deseo, de las personas de comunicarse, comer, aprender o estar sanas con la organización de estas actividades a través de unos servicios que responden a la necesidad del capital de que los trabajadores coman, se desplacen, “aprendan” o funcionen. Esta confusión hace aún más difícil vislumbrar los posibles caminos que realmente puedan conducir al proletariado a la revolución social y la abolición de las clases.

La cuestión de que no podamos, o debamos, desorganizar tales servicios merece profundizar en la idea de desorganizar (desorganizar el sistema público de educación o los servicios sociales es una necesidad prioritaria de cualquier proceso que se pretenda revolucionario); pero lo que quiero recalcar es que, aun compartiendo la visión de que sin una propuesta clara sobre qué proponemos que es mejor que lo ya existente predicar la destrucción de todo es una consigna ideológica, no creo que el planteamiento revolucionario pase por reclamar una mejor organización de lo que hay. En todo caso, ese es un papel que le va mucho más a la izquierda parlamentaria.

Siguiendo con los errores que percibo en el artículo, creo que el análisis de la realidad que nos conforma y de los procesos de lucha que enfrentamos a ella debe cuidarse mucho de distinguir entre las legitimaciones que da el sistema para conseguir la aceptación social y lo que se esconde tras sus discursos. De no hacerlo, corremos el riesgo de creernos las mentiras que tratamos de desmontar y por tanto no ser capaces de saber dónde y cómo debemos atacar y empezar a construir. Las privatizaciones no se basan en el supuesto de que el mercado organiza mejor la producción de recursos, sino en que generan mayores beneficios para la burguesía. De hecho no es ninguna paradoja que el Estado adopte una política de privatizaciones, es una consecuencia lógica de su función como salvaguarda de los intereses nacionales y territoriales de esa misma burguesía. Está claro que las privatizaciones tienen consecuencias sobre nosotros, pero son las mismas consecuencias que tiene el capitalismo en sí. La cuestión del grado de intensidad de esas consecuencias responde más a la relación de fuerzas actual que a la sinvergonzonería. Saber que el problema de fondo no son las privatizaciones es parte de lo que nos diferencia de quienes dicen querer gestionar el Estado de otra manera, pero no es lo único. También el saber que hay otra forma radicalmente distinta de hacer las cosas, no solo de organizarlas. Una de las pruebas de la pauperización de nuestra capacidad crítica es precisamente nuestra incapacidad para pensar relaciones sociales diferentes en el mundo actual en lugar de intentar cuadrar las que imaginaron nuestros predecesores en su momento histórico.

Comparto la necesidad de plantear de forma realista cuál es el contenido de la revolución social lejos de consignas, pero no para trazar un camino a seguir sino para tratar de llevarla a cabo aquí y ahora, participando en las luchas que nos afectan como proletarios y trasladando ahí nuestra perspectiva revolucionaria (perspectiva que urge pensar lejos de las formas actuales capitalistas). La gestión de unos servicios públicos por los propios implicados, entendidos los servicios como estructuras que permitan cubrir las necesidades de las personas, pasa por ser capaces de imaginar otra manera de cubrir dichas necesidades y no por controlar los servicios públicos estatales.

Exigir al Estado que financie los servicios públicos no es resolver la cuestión de cómo queremos desplazarnos, comer, aprender, cuidarnos, etc. sino posponerla. La afirmación de reapropiación de los recursos deja entrever que el problema del capitalismo sería una cuestión de gestión y no de la naturaleza de las relaciones. Reapropiarse del Estado (o de los recursos que concentra) parece sugerir la vieja idea de tomar el poder y disfraza que la financiación refuerza en la práctica la legitimidad del Estado en cuanto que lo “necesita” para proveer esos recursos.

En última instancia, dado que parece que al calor de las movilizaciones en torno al 15M, las diferentes mareas o las asambleas de barrios y pueblos ha vuelto a plantearse el debate en el medio libertario sobre la incidencia social del anarquismo, me gustaría hacer un apunte sobre el supuesto carácter revolucionario de la conflictividad social. Creo que la conflictividad social por sí misma, no posee ningún carácter específicamente revolucionario más allá de la expresión del descontento o de las contradicciones del sistema. Hemos visto una conflictividad social en los suburbios de París, en Grecia o en las ciudades de Reino Unido mucho más violenta y desesperada que la vivida en el estado español y en ningún caso ha derivado en un movimiento proletario que avance de forma efectiva contra el Capital. Digo esto para intentar argumentar que lo importante no es la conflictividad social en sí, sin negar que momentos de ruptura social pueden propiciar una conciencia práctica de lucha, sino dónde conduce ese conflicto y cómo evoluciona. Que las privatizaciones afectan de manera negativa a los proletarios como individuos, al menos a corto plazo, porque pierden la “protección” del Estado frente a la avidez del Mercado es evidente, lo que no encuentro tan irrefutable es que a largo plazo una opción sea mejor que otra para el proletariado ya que ambas políticas responden a los intereses de la burguesía que en esencia no es ni liberal ni proteccionista sino lo que más le convenga en cada momento. También me parece más que discutible el hecho de que defender los servicios públicos, por muy claro que tengamos el objetivo de capacitarnos, nos posibilite para tomar su control y su gestión, incluso aunque eso fuera deseable.

Para pelear por nuestras condiciones de vida no necesitamos defender lo existente, ni siquiera en tiempos de ofensiva capitalista, sino crear aquello por lo que luchamos. Lo contrario solo profundizará en la derrota, la misma que les permite atacarnos despiadadamente.

Moncho Pardal
Madrid 2013

Notas

[1] Durante la elaboración de este artículo, ha sido publicado un ensayo en RL ampliando el debate en torno a la autogestión de lo público en el ámbito concreto de la universidad. No puedo sino aplaudir la expresión y discusión de ideas que nos ayuden a tener más claro cómo avanzar en la lucha contra el actual sistema de dominación y explotación.

[2] Que ahora mismo estemos lejos de una situación siquiera prerrevolucionaria no debería llevarnos a descuidar nuestros posicionamientos ni a rebajar la radicalidad de nuestro discurso, lo que no quiere decir quedarnos en el cómodo mundo de las consignas, sino mojarnos en las luchas sociales con coherencia respecto a nuestras teorías.

[3] De hecho, creo que esta es la idea principal defendida en el artículo, con la que estoy completamente de acuerdo, y la que me lleva a querer profundizar en este debate.

[4] Sobre el debate de la autogestión recomiendo la lectura del artículo “Autogestión de la miseria o miserias de la autogestión”, aparecido en el nº 3 de la publicación catalana Terra Cremada. http://terracremada.pimienta.org/autogesti%C3%B3_cas.html.

[5] “Autogestión de la miseria o miserias de la autogestión”. Terra Cremada nº 3, noviembre 2012.

[6] Ibíd.

[7] Ibíd.

[8] Sobre este tema he encontrado muy enriquecedor el artículo “Apuntes polémicos sobre economía y revolución” publicado en el nº37 de la revista vasca Ekintza Zuzena (2010). http://www.nodo50.org/ekintza/spip.php?article519