Viene de aquí.
Ya a estas alturas un fenómeno propio de nuestro contexto ibérico, la corruptela, había saltado a la palestra. En abril de 2012 de nuevo la plataforma denunciaba que:
“Ante la alarma ciudadana y las declaraciones vertidas en diversos medios de prensa por dicho responsable de la empresa (del Potro), la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha solicitado al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la suspensión total de los trabajos, pues como nos temíamos éstos continúan con mayor celeridad si cabe, y se ha insistido en la necesidad de anular la concesión del proyecto Castor de almacenamiento de gas natural, ante el desmedido encarecimiento de los costes y la disminución progresiva de la demanda energética.
Lamentamos además la presión que desde la empresa ESCAL UGS se está ejerciendo ante el Ministerio de Industria, Turismo y Energía, cuando es a causa del proyecto Castor de almacenamiento de gas natural que la propia Comisión Nacional de la Energía denunciaba partidas adjudicadas sin ningún procedimiento de licitación previo, así cualquiera..”.
Es decir, los intereses personales de los grandes empresarios de la zona, en concreto del Potro, comienzan a pesar por encima de las mismas leyes en las que suelen proclamar ampararse. En la tónica habitual de los mega-proyectos el todo vale se instala y la necesidad incuestionable de los mismos los blinda ante cualquier crítica o procedimiento de dudosa legalidad.
Pese a todo el proyecto continúa imparable, tanto a nivel de inversiones como de infraestructuras, y para el 30 de Julio de 2013 las inyecciones de gas han comenzado ya en el almacén y solo resta la instalación de un problemático gaseoducto que lo conecte con la red peninsular para dar el proyecto por terminado. Era difícil de predecir que a día de hoy (poco más de cinco meses después) seríamos testigos de la total paralización del proyecto.
La parte de la historia que casi todos conocemos comenzó el 26 de Septiembre. En esa fecha el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (lo que no deja de ser una curiosa combinación) decretaba el cese de actividad. Según informaban los periódicos:
“En menos de un mes, desde que la empresa gestora retomó la inyección de gas, se han registrado en la zona unos 220 microseísmos. El pasado día 24, de madrugada, se produjo uno de magnitud 3,6, el más importante recogido por el Observatorio del Ebro desde 1975. En esta zona apenas hay actividad sísmica de origen natural, explica el director de la Red Sísmica del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Emilio Carreño.”
A partir de ese día se desata el pánico. Los seísmos se suceden día a día y alcanzan los 4,2 grados de magnitud el primer día de Octubre. La pelota pasa de campo en campo y la Generalitat responsabiliza al ministerio, mientras que los alcaldes de las localidades acusan a gobiernos anteriores o los vecinos indignados repiten que ellos ya se lo olían. No hace falta más que recordar la televisión durante esos primeros días de Noviembre para ver hasta que punto llegó el estado de pánico. Pese a ello aún el 4 de Octubre leíamos en El País:
“De momento, los temblores se han quedado en rotura de ventanas y algún que otro desperfecto menor en pocos casos. El miedo se ha instalado en una parte de la población. La otra se divide entre la incredulidad de que los terremotos vayan a más (“no para de salir en la tele, pero luego preguntas y muchos hablan sin sentir los terremotos”) y la confianza en la tecnología. “Se supone que todo esto tiene que estar controlado, no creo que se pongan a hacer una inversión de tal calibre y esto no esté estudiado”, comentaba otro.”.
Y como se suele decir, el resto es historia. Durante toda esa semana los temblores se sucedieron, manifestaciones, peticiones indignadas de los alcaldes por el cierre, declaraciones de políticos consternados afirmando que no se explican como algo así puede haber ocurrido, e incluso utilizaciones más bien partidistas del conflicto como la inclusión en el último momento de un apartado dedicado a la evaluación del riesgo de seísmos en la última Ley de Impacto ambiental del PP... En fin, el circo de nuevo en la ciudad.
En realidad para sacar las conclusiones que podríamos asociar a esta historia cualquiera de los numerosos proyectos desarrollistas que hoy en día gozan de buena salud hubiera servido: la ahora olvidada Eurovegas (que pese a ello estuvo a las puertas de devastar una de las pocas franjas de tierra libre de la conurbación madrileña), el fracking, las líneas de Muy Alta Tensión (MAT), las minas a cielo abierto (como las existentes en el valle leonés de Laciana o las planeadas en diferentes zonas de Galicia), las instalaciones industriales de energía solar y eólica, etc. Como dijeran otros más brillantes que yo anteriormente, nuestra civilización es un “gigante con pies de petróleo” que en su andar patizambo engulle todo: el territorio, los modos de vida, las comunidades e incluso el mismo de deso de vivir ahogado en una capa de hollín. La adicción al uso de combustibles fósiles que nuestro mundo necesita para levantarse cada día de la cama nos lleva a a situaciones como las que hemos visto, una legitimación intocable de la devastación en nombre de la reserva de combustible. Frente a ello nos encontramos mayoritariamente ante luchas que, al limitar su repertorio de acciones a lo institucional o meramente reivindicativo, se ven impotentes ante estos macroproyectos. ¿Cómo sería entonces una lucha más radical?
Ante esta pregunta es difícil encontrar una respuesta única, pero mis propias reflexiones apuntan algunas líneas. En primer lugar podemos echar la vista atrás y contemplar luchas en defensa de la Tierra que fueron exitosas, como la paralización de la central Nuclear de Lemoiz por los comités antinucleares en los años 70. El estudio de este caso revela para mí a una realidad fundamental, y es que la cuestión no es cómo de violenta es una lucha, sino el apoyo social que posee y que capacidad de maniobra tiene. En aquél caso vimos que la presión popular en forma de manifestaciones, recogida de firmas (además de sabotajes internos a las instalaciones, que aunque no fueran fundamentales para el derribo de la misma no se pueden olvidar) sí que fue suficiente para una paralización total. Pero, ¿por qué? En mi opinión la razón es clara, tras todos estos movimientos que podríamos considerar tibios se encontraba una red de grupos de base antinucleares (con una relación directa con las asambleas vecinales) y la sombra de la lucha dispuesta a usar cualquier medio para conseguir sus objetivos. Es decir, a diferencia de lo que hoy pueda pasar, si el Estado se hubiera negado a satisfacer la voz unánime de un pueblo que decía no a la devastación de su tierra,éste poseía organismos de autodefensa y ataque que se pondrían en marcha de inmediato (y con esto no me refiero únicamente a los grupos armados, que por supuesto juegan un papel, sino a la capacidad de organizar huelgas, de movilizar a los barrios y pueblos o de paralizar el transporte). Ahora mismo ante las decisiones del poder tan sólo nos queda la solitaria aceptación resignada. Es por ello que más que dotarnos de un repertorio extenso de medidas de acción directa que poner en marcha exclusivamente a través de nuestro grupo de afinidad debiéramos preocuparnos de integrarnos y fomentar un tejido social amplio que, simpatizando y sensibilizado de la lucha por la posibilidad de una futura vida humana en el planeta, se convierta en la amenaza constante que ponga en jaque al poder frente al rechazo de un clamor popular en contra de las políticas desarrollistas. Claro, siempre y cuando exista dicha oposición y los valores del trabajo o el progreso no nos dejen completamente solos ante las nocividades.
En cualquier caso querría terminar mostrando mi apoyo al compañero que durante dos días se ha mantenido encadenado a varios metros bajo tierra con el fin de intentar interrumpir la instalación de una de las torres de la MAT en Girona, concretamente en Fellines. Creo que este caso ejemplifica el drama de compañeras que están dispuestas a llevar hasta el último término su oposición al desarrollismo pero que, faltos de una base social, se encuentran impotentes ante un poder que puede hacer lo que desee con ellas sin miedo a las represalias. A día de hoy una nueva Ley de Impacto Ambiental que facilitará aún más el trámite de cualquier proyecto es una realidad, mientras que el fracking comienza a ser legislado y a integrar algunos de los cuestionamientos que pudieron darnos la esperanza de que nunca se materializaría. La rueda sigue girando, y tan sólo esperamos ser los suficientes como para que el palo que pongamos en su camino haga que descarrile definitivamente, dejando la carretera libre para levantar el asfalto y dejar a los árboles volver a crecer.
