Poder popular frente al gobierno: 3 años de lucha magisterial por una educación democrática en México (II)
Reivindicaciones populares y el desarrollo del conflicto
A finales de 2015, los maestros se veían obligados a pasar el test de evaluación contenido en la reforma de Peña Nieto. En Oaxaca, los alrededores del centro de evaluación se asemejaban a un escenario de maniobras militares, con 10.000 policías federales desplegados para asegurar que la evaluación tenía lugar. Esta imagen resume la respuesta del gobierno ante el conflicto: la imposición autoritaria de la reforma y la militarización frente a la protesta.
La respuesta armada ha sido la tónica general en la actitud del gobierno desde el comienzo. El 11 de septiembre de 2013 se publicaban las leyes que concretaban la, como dicen los maestros, mal llamada reforma educativa. La reforma había desatado una fuerte oposición en contra desde meses atrás, tanto por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE, un sindicato corporativo próximo al PRI) como de la más combativa Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). La oposición se concretó en diversas huelgas, marchas y un plantón de cinco meses en el zócalo de la capital liderado por la coordinadora. Dos días después, el 13 de septiembre, ese plantón era violentamente desalojado por la policía federal.
En febrero de 2013 la lider del SNTE, Elba Esther Gordillo, es detenida acusada de apropiación de dinero del sindicato y de organización criminal. Durante años, Gordillo había continuado con la labor de sus antecesores de mantener la lealtad del sindicato al PRI, con bastante éxito salvo en Oaxaca o Chiapas, e incluso había ganado notoriedad como figura política. Sin embargo, Gordillo pasó a criticar la reforma educativa que se había hecho a espaldas de la SNTE.
Los cargos sobre Gordillo se han ratificado posteriormente. Sin embargo, la corrupción es desgraciadamente común en la burocracia mexicana y ni siquiera la propia familia Peña Nieto está libre de culpa. Los motivos de la detención son meramente políticos, como resultado de oponerse al PRI y a la reforma. Este movimiento político-judicial para desactivar a la SNTE no toma en cuenta a la CNTE, que tomará el relevo de la lucha. Si bien posteriormente el gobierno jugará las mismas cartas deteniendo a líderes de CNTE acusados de corrupción, el impulso de lucha se encontrará mucho más avanzado y esta actuación no llegaría a tener el efecto desmovilizador esperado por el gobierno.
Durante todo el conflicto, los plantones de la CNTE en el DF y otras ciudades serán constantes, moviéndose entre el Zócalo, el Monumento a la Revolución, la Avenida Reforma o la Plaza de la Ciudadela. Las tiendas de campaña y las lonas constituirán una seña de identidad del movimiento, como parte de una estrategia de visibilidad y presión a las autoridades.
Durante el curso escolar se combinan paros con estrategias diversas de presión, se moviliza a maestros de la SNTE y se logran algunas demandas de financiación, apertura de negociaciones, reconocimiento de antigüedad laboral a pesar de la evaluación y mantener algunos de los derechos de los normalistas, si bien la reforma no se detiene. El conflicto se destensa y no se convocan huelgas para el inicio del curso siguiente, pero las acciones continúan, destacando un plantón rotativo por todo México y el sonado ataque a una sede del PRI en Oaxaca.
se logran algunas demandas de financiación, apertura de negociaciones, reconocimiento de antigüedad laboral a pesar de la evaluación y mantener algunos de los derechos de los normalistas, si bien la reforma no se detiene
El 26 de septiembre tiene lugar la matanza de Iguala, Guerrero. Policías municipales atacan a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, matan a 9 personas y desaparecen a 43 estudiantes. La Asamblea Nacional Representativa de CNTE, dos días después, se ve sacudida por el suceso e incorpora la lucha contra el terrorismo de Estado a sus demandas sobre la Educación Pública. Así, las acciones continúan, a partir de este momento impregnadas por la lucha en solidaridad con los desaparecidos.
En junio de 2015, la CNTE amenaza con boicotear el proceso electoral si no se suspende la evaluación a los maestros y se negocia la reforma. Llama a evitar la colocación de urnas para los votantes en 11 entidades, lo que se suma al constante bloqueo de caminos y carreteras, e incluso el aeropuerto de Oaxaca y varias gasolineras. Esta amenaza logra que se retrase indefinidamente la evaluación magisterial prevista para ese mismo mes.
En la negociación con la secretaría de gobernación finalmente se logran algunas concesiones: la SEGOB se compromete a garantizar el pago a los maestros y el mantenimiento de sus puestos, establecer mesas de trabajo sobre la propuesta de reforma educativa de los maestros, profundizar la investigación sobre los desaparecidos de Ayotzinapa y respetar los derechos humanos en la actuación frente a los contingentes de la CNTE. No obstante, estas concesiones estaban lejos de lo reclamado por los maestros, por lo que el boicot a las elecciones se mantuvo y se saldó con fuertes enfrentamientos. La SEGOB cortó las negociaciones hasta que se terminara la huelga y los maestros volviesen a clase.
La respuesta del gobierno vino en forma de liquidación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, anteriormente bajo control de los maestros, y su reestructuración como organismo afin al gobierno. Esta maniobra amenazaba con el despido de cientos de trabajadores y trabajadoras. Más tarde, a finales de 2015 la evaluación finalmente tenía lugar gracias a un fuerte dispositivo policial y con la negativa de muchos maestros a presentarse. De hecho, las formas autoritarias del gobierno en la imposición de la evaluación están llevando a más maestros a rechazar la evaluación.
En junio de 2016, la CNTE realiza un corte de carretera en Nochixtlán. En medio de la confrontación con la policía federal, se produce un enfrentamiento armado que deja un saldo final de 11 muertos, ninguno de ellos policía. La policía y el gobierno acusan a civiles armados de iniciar el tirote, si bien no existen imágenes de civiles armados y sí varios videos e imágenes que muestran a la policía utilizando fuego real.
Es importante remarcar el apoyo recibido por la lucha magisterial por parte de la sociedad, de las organizaciones indígenas y de la izquierda.
Es importante remarcar el apoyo recibido por la lucha magisterial por parte de la sociedad, de las organizaciones indígenas y de la izquierda. En Oaxaca, la CNTE está intimamente ligada a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), constituida en 2006 por distintas organizaciones sociales al calor de otra rebelión de maestros, que elevaría las formas de lucha hasta lo que se llegó a llamar la Comuna de Oaxaca: barricadas, cierre de carreteras y constitución de ayuntamientos y policías populares. También el ejército Zapatista y el Congreso Nacional Indígena han comunicado su apoyo a la lucha de los maestros, animando “a todos los pueblos del campo y las ciudades a estar atentos y solidarios con la lucha magisterial, a organizarnos de forma autónoma para estar informados y alertas ante esta tormenta que cae sobre todas y todos, sabiendo que una tormenta, además de tempestad y caos, también hace fértil la tierra de donde nace siempre un nuevo mundo”. El EZLN además ha contribuido con ayuda material a la lucha, donando alimentos y fondos. El apoyo de estas organizaciones ha sido fundamental para desmontar toda la campaña mediática que el gobierno desató en contra de la CNTE, como destacó el subcomandante Galeano del EZLN que estaba ocurriendo en Chiapas: “Cada vez más son las familias que socorren las maestras, las apoyan para sus viajes y marchas, se angustian cuando son agredidas, les ofrecen alimentos, bebidas y refugio. Son familias que, según la taxonomía de la izquierda electoral, estarían embrutecidas por la televisión, son come tortas, están alienadas, son acarreadas, no tienen conciencia”
Finalmente, otra de las estrategias seguidas por el gobierno ha sido dividir y enfrentar a los sindicatos de la coordinadora. Así, planteaban hace unas semanas a las secciones de Chiapas una serie de medidas como el retraso en la aplicación hasta 2018, liberando a los presos y desactivando las órdenes de arresto. Una estrategia negociadora que se mezclaba con el desembarco de varios miles de policías y militares en el Estado de Chiapas. La respuesta ha sido la negativa de las secciones a negociar sin acuerdo de la Asamblea Nacional de la Coordinadora. Sin embargo, tras consultar a la coordinadora algunas de las medidas en Chiapas, que suponen el retraso indefinido de la aplicación de la reforma en este Estado, han sido aceptadas como parte de una estrategia de ejemplo movilizador.
En estos últimos días de septiembre, la CNTE acuerda la vuelta a clases, distensando una vez más el conflicto, tras haber logrado que el gobierno los reconozca de nuevo como interlocutores válidos para la negociación y que la reforma siga sin aplicarse de manera temporal en varios estados. Sin embargo, la lucha continúa, las negociaciones están abiertas, la Secretaría de Educación amenaza con despedir a los profesores que siguieron la huelga mientras la CNTE mantiene contactos con otros partidos como el PRD y Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) para llevar sus demandas al plano institucional. Dichas demandas serían:
- Abrogación de la reforma educativa.
- Justicia para las víctimas de Nochixtlán.
- Estabilidad laboral y defensa del normalismo.
Y, por supuesto, que aparezcan los 43 normalistas de Ayotzinapa, habiendo transcurrido ya dos años de su desaparición.
La virulencia mostrada por el gobierno no es de extrañar si se entiende que la lucha contra la reforma educativa es la punta de lanza para detener la aplicación de los acuerdos neoliberales recogidos en el Pacto por México y que han recibido el rechazo constante de buena parte de la sociedad mexicana. En juego está el futuro político y económico de México, así como la legitimidad del gobierno.
En el próximo artículo analizaremos los pasos que se están dando desde la CNTE y la comunidad educativa para desarrollar e impulsar una auténtica reforma educativa democrática y popular para México.