Del estado policial del bienestar ¿qué pasará y qué quedará?

Llevas cinco semanas sin salir de casa, salvo dos o tres escapadas semanales a hacer la compra y algunas más a tirar la basura. Oyes recuentos de muertes, de contagios, de altas médicas, diferentes cifras y gráficas que las representan, diferentes medidas tomadas en países distintos, ... Apenas sabes ya lo que oyes. Los sociólogos Tülay Umay y Jean-Claude Paye llamaron hace unos años "efecto de estupefacción" al efecto que consiguen las autoridades y los medios de comunicación –particularmente, los de información 24 horas al día– en casos como el Mohamed Merah: el público no sabe lo que ha visto. Los detalles se acumulan y, en algunos casos, se contradicen, la percepción queda más pasmada que sorprendida, no es tanto que el poder dé un mensaje, ya que el conjunto no parece tener sentido, como que sigue imponiendo hechos consumados mientras damos por ininteligible ese no-mensaje.
Total, que la primavera se está apoderando de la ciudad, los pájaros cantan como nunca y tú notas no sólo esa estupefacción, sino tu capacidad mental bajo mínimos: ¿cuánto hace que no consigues concentrarte en algo durante una hora? ¿Te sientes desanimada/o? Las cosas que te importaban antes ¿te siguen importando igual o vas camino de preguntarte aquello que escribía Jaime Gil de Biedma ("¿Todavía soy capaz de interesarme y de desesperarme por algo que no sea el espectáculo de mi propia insoportable y crónica incapacidad?")?. Quizá estés trabajando en algo oficialmente considerado como esencial o en una de esas actividades que durante dos semanas no han sido esenciales pero que ahora vuelven a serlo. Sabes que decenas de miles de personas están encerradas en prisiones, CIEs, CETIs y demás y otras no tienen hogar, pero, por mucha suerte que puedas tener en comparación, te tienen estabulada como ganado, sacándote de la jaula lo justo para que la CEOE no presione más al gobierno, pero no tanto como para sentirte un ser humano.

Arturo Soria quiso cambiar el urbanismo de Madrid –con más esfuerzo que éxito– entre 1882 y 1920 teorizando y organizando su propio modelo de desarrollo urbano, la ciudad lineal. Liberal progresista, fue debidamente criticado por el movimiento obrero y aplaudido por otros liberales por construir aquel barrio basado en la compra familiar de viviendas y donde grandes burgueses, clase media y clase trabajadora serían vecinas, aunque con viviendas distintas a precios distintos. ¿A cuento de qué viene esto? De que incluso el buen Soria, que no era obrero ni obrerista, propuso a las obreras algo mejor que lo que tenían. Concretamente, dos subtipos de vivienda distintos (las unas tendrían 67 m² y las otras, 31,5), pero siempre con el cuádruple de tierra para jardín y huerto que de vivienda, así que, aun en el peor de los casos, una familia obrera tendría 126 m² de aire libre. ¿Qué no daríamos ahora por eso?

Lo de "A cada familia una casa, en cada casa una huerta y un jardín", que decía Soria, quedó para las pocas personas que pudieran permitírselo y aquellas pretensiones ingenuamente reformistas fueron arrolladas por un siglo de capitalismo especialmente expansivo, bélico, privatizador.
Vemos al gobierno español acusado por los sectores a su derecha, día sí y día también, de ser responsable de la muerte de veinte mil personas y de tener el sistema de salud al borde del colapso. Acusaciones paupérrimas, teniendo en cuenta cómo lo están haciendo otros estados, los tiempos o el deterioro previo del sistema de salud (gracias a PP, PSOE y cía), pero que, si sólo convencen a quienes quieren ser convencidas, lo hace con la fuerza de las emociones. Este gobierno centrista lanza medidas de cierto coraje y ambición –anuncia cierta renta básica, rebautizada "ingreso mínimo vital", moratorias de algunos alquileres e hipotecas, etc.–, pero también ha dejado claras sus prioridades al anteponer la producción al derecho a despedir a los muertos o los derechos de circulación, reunión, etc., más compatibles con la distancia de seguridad, los guantes, etc. que el "derecho" a ir al supermercado o la fábrica para no quedarse en paro. Este gobierno centrista nos ha metido a las llamadas FSE (fuerzas policiales) y FFAA hasta en la sopa y, si el estado de alarma ya es una exageración dudosa en su justificación médica y en su legalidad, FSE y FFAA lo están exagerando aún más y las candidatas a multa son ya 651.884 y las detenidas, 5.740 (para hacernos una idea, en el estado de excepción franquista del 24-I al 25-III de 1969 fueron 735 las detenciones).
Sirva de contraste Alemania, donde el Tribunal constitucional ha contradicho a tribunales inferiores y al poder ejecutivo, reconociendo el derecho a manifestación mientras se guarde la distancia de seguridad.

Nos encontramos, pues, antes varios riesgos contrapuestos. Por un lado, si la actual coalición de gobierno fuera reemplazada por otra tipo PP-Vox o PPSOE, la gestión de esta crisis sería, como mínimo, igual de antisocial, probablemente lo sería más. Por otro, denunciar esta deriva represiva puede resultar bastante incómodo: en general las FFAA y FSE gozan de cierto reconocimiento social y en este momento incluso la izquierda, donde menos se les quiere, está haciendo un esfuerzo por mostrarse disciplinada y dispuesta al sacrificio. No se sabe si es porque hay motivos de peso o porque creíamos que los había cuando empezamos a tragar con ello hace ya cinco semanas y estamos en lo que la psicología llama "escalada de compromiso" –o sea, que, como hemos hecho algo, queremos autojustificarnos y ratificarnos y estamos dispuestas a esfuerzos aún mayores con tal de no cuestionar lo que hemos hecho–. No deja de ser necesario hacerlo y no ya de palabra, sino que necesitaremos movilizaciones de verdad (en la calle) más temprano que tarde y, para entonces, quizá estemos todavía bajo el estado de alarma. Por último, existe el riesgo de que sean las conspiranoicas, la derecha opositora o la ultraderecha quien intente pasarnos por la izquierda con esto de la desobediencia al estado de alarma.
Para enfrentarnos a estos últimos riesgos y recordarnos dónde debe estar la esperanza, las repartidoras de Glovo –cuya lucha por ser reconocidas como asalariadas y no autónomas aún no ha concluido– se manifestaron este jueves pasado en esas calles en que siguen trabajando, llevando comida a domicilio. Se manifestaron en sus bicis y motos manteniendo la debida distancia y fueron identificadas por la policía, vulnerando esa distancia y su derecho al uso del espacio público.

En teoría son provisionales, pero sabemos que las medidas y dinámicas de estos meses pueden volverse duraderas, ¿cuáles queremos permitir y ampliar y cuáles eliminar o restringir?
Sabemos que, entre reclusión masiva en casa y represión desenfrenada en los espacios teóricamente públicos, la clase trabajadora no se rinde. Ni iniciativas necesarias lanzadas desde casa como el Plan de choque social o la huelga de alquileres, ni el esfuerzo de información que están haciendo la PAH y los sindicatos y colectivos de clase, ni el personal sanitario que mantiene en pie el sistema de salud, ni las redes de apoyo vecinal surgido, ni quienes luchan por trabajar –ya que hay que hacerlo– en condiciones de higiene y seguridad, ni estas riders de Glovo que han reabierto la brecha del derecho de manifestación. Ese es el camino.

Retirada del mercado, ¿ofensiva de las trabajadoras?

El tiempo vuela y de tal manera que hace tres meses no sabíamos que existía el COVID-19, hace diez días pensábamos que era algo francamente irrelevante y en los dos últimos días, en el estado español, hemos visto cómo causaba la declaración del estado de alarma y más de cien mil despidos. Estamos viendo cómo se nos lleva a permanecer en casa sabiendo que la mayoría tiene un puesto de trabajo y no puede –porque no es posible o porque no se lo permiten– desempeñarlo desde casa. Ni las empresas, ni los gurús neoliberales, ni siquiera la mayoría de dirigentes de los partidos opositores se han atrevido a rechazar la ofensiva del estado ante los límites del mercado para resolver algo así. Con entusiasmo o con resignación, asumimos que se trata de una situación en la que un esfuerzo de contención a corto plazo puede suponer acabar con la saturación de los centros de salud y rebajar la propagación del virus, a la espera de volver a la normalidad más temprano que tarde.

La democracia no debe detenerse a las puertas de la fábrica.

La frase la pronunció Marcelino Camacho en 1977 y ya entonces era más un deseo que una realidad.
Hace sólo dos días (curiosamente, en el 99º aniversario de la promulgación en la URSS de la NEP o nueva política económica) se anunciaba el estado de alarma y el confinamiento generalizado, sin ninguna previsión de cerrar los centros de trabajo. Es decir, se ponían las bases para seguir obligando a millones de personas a hacer en el transporte público y en el trabajo aquello que se les estaba prohibiendo en el resto de ámbitos. No obstante, el estado pasaba de quitarle hierro al dichoso virus a tomar la escena política: el gobierno central pasaba por encima de las comunidades autónomas en pleno conflicto en torno a la soberanía sobre Cataluña, entre otras cosas. Se dijo y se repitió que participarían las fuerzas armadas, una institución dopada en recursos, incluso en estos tiempos de recortes, y particularmente la UME, cuya mera existencia, en un país de privatización sanitaria y recortes en prevención de incendios, es el mejor ejemplo de lo dicho. Se anunció el acuerdo con patronal, CCOO y UGT para facilitar despidos colectivos temporales (ERTEs) y se aplazó dos días el anuncio de medidas económicas concretas.
Toda una aportación si se tratara de hacer ficción de suspense, pero no si hablamos de seguridad, lo que ha hecho que la CNT sacara contra reloj un manual para defenderse de los ERTEs y diferentes colectivos, abogadas y activistas publicaran consejos para minimizar los daños infligidos por las empresas a las trabajadoras. Organizaciones de clase como las del movimiento de vivienda (PAH, SI y otras), Riders x Derechos, Élite Taxi y sindicatos como CGT, CoBas o IAC han lanzado una campaña en redes sociales por un plan de choque social. Francia, con una mayor tradición de intervención estatal, tomó la delantera en este sentido, aunque también en el de la ocupación militar/policial del espacio público. Ayer lunes tuvieron que ser las trabajadoras del sector automovilístico –Mercedes-Benz en Vitoria, Iveco en Madrid, Renault en Palencia, Sevilla y Valladolid– y de la industria en general –Balay en Zaragoza, Airbus en Madrid– quienes pararan la producción, cuando la dirección de algunas empresas ya se lo estaba planteando por la falta de suministros.

Por fin, hoy martes, conocemos las medidas del gobierno, que profundizan en la línea del neoliberalismo con un par de muletas keynesianas: facilidades para que las trabajadoras despedidas puedan cobrar el paro pero también para que las empresas puedan despedirlas, moratoria del pago de las hipotecas que se vean afectadas por esta crisis, pero no de los alquileres, también para el (im)pago de suministros, pero ninguna previsión para quienes trabajan en la economía sumergida. Tampoco se tocan las rentas mínimas de inserción (incompatibilizadas con pequeños ingresos, escasas, denegadas a menudo sin motivo), aunque se facilitará la conciliación con el cuidado de hijas y, en cuanto a las trabajadoras autónomas, no recibirán ayuda las que no tengan suficientes pérdidas (75% como mínimo). Poco se sabe sobre las personas internadas en CIEs, prisiones y otros centros, sobre los servicios de atención a las personas en situación de dependencia o las necesidades de salir de casa de las personas deprimidas, con trastornos mentales, con discapacidad cognitiva, etc.
Eso sí, el jefe de gobierno –cuya tarea es dar la cara por el poder ejecutivo del estado y llevar sus riendas, no lo olvidemos– y líder del partido autodenominado "socialista obrero" invita a propietarias inmobiliarias a adaptarse a las posibilidades de sus inquilinas. Como si los viajes en el tiempo existiesen y, con un pie en el presente y otro en 1850, Pedro Sánchez se convirtiera en el catoliquísimo Donoso Cortés con aquello de enseñar "a los pobres a ser resignados y a los ricos a ser misericordiosos".

Cuando el enemigo avanza, retrocedemos, cuando acampa, lo hostigamos, cuando no quiere pelear, lo atacamos y cuando huye, lo perseguimos.
Mao Tse-tung

Y ¿ahora, qué? Ahora toca dar tregua al sistema sanitario evitando el contacto físico, pero no el otro. A corto plazo se están organizando redes de apoyo mutuo entre vecinas, se está haciendo un esfuerzo para informar y apoyar a trabajadoras despedidas o en riesgo de serlo. Más allá del corto plazo, la pandemia pasará mucho antes que el daño económico y los neoliberales dirán que el gasto público extra se resuelve con más recortes y más externalizaciones y que aquí no ha pasado nada. Eso no debe ocurrir. El regreso a la normalidad puede ser algo aún mejor si forzamos un nuevo pacto social. Esta crisis no nos coge débiles y desentrenadas como la anterior; el músculo desarrollado en los últimos nueve años se va a ver esta primavera.
El neoliberalismo está en retirada, la patronal –pese al avituallamiento del gobierno– está debilitada, se acerca el momento del contraataque.

Apagón informativo en Grecia. Respuesta social

Como sabréis, hace dos días el gobierno griego de Samaras echó el cierre a la emisión de los canales públicos de televisión y radio (ERT). En total se van a la calle unes 2.600 trabajadores. Con el cierre de la ERT Grecia es el único Estado-nación en la Unión Europea sin radiotelevisión pública, y todo en el nombre del neoliberalismo impuesto por la Troika.

Los motivos para el cierre de la ERT no sorprenden a nadie: que si era muy cara, que si no era productiva... etcétera. Simos Kedikoglou, vocero del gobierno conservador y antiguo periodista de la ERT, excusó la decisión bajo el pretexto ya presentado.

“La ERT es un ejemplo único de falta de transparencia e increíble derroche. Cuesta de tres a siete veces más que otra cualquier cadena de televisión, además de tener de cuatro a seis veces más personal, para una audiencia tan limitada, más o menos la mitad de la audiencia de una cadena privada media.” (Simos Kedikoglou, traducción propia. Fuente).

Pero recordemos una vez más lo que la Troika impuso al Estado de Grecia: 2.000 trabajadores públicos a la calle para finales de julio, y 15.000 funcionaries en total para finales del año próximo. Ya no es solamente una cuestión de desmantelar los servicios públicos—que es importante—, sino de soberanía nacional, pues las decisiones administrativas no parecen venir del gobierno griego—que bajo la lógica democrática-representativa goza de "la voz del pueblo"—sino de organismos supranacionales que atienden a oscuros intereses económicos e ideológicos—y digo oscuros porque claramente son intereses que no pertenecen a la mayoría de la población humana.

Así pues, se habla de una estricta re-estructuración de la ERT que se finalizará en unos tres meses—aunque el cierre es indefinido hoy por hoy—y que contratará una nueva plantilla de unes 700 trabajadores. Pero las medidas neoliberalemedidas griegass de austeridad no se han encontrado el camino libre, pues les propies trabajadores de la ERT y la ciudadanía en su conjunto han mostrado su rechazo a la medida del gobierno de Samaras. Les trabajadores de la ERT decidieron seguir emitiendo en streaming, incluso el Partido Comunista les ofreció ayuda en términos de infraestructura para continuar con la emisión. No importa que la policía haya inutilizado los transmisores; les trabajadores siguen emitiendo por propia voluntad, convencidos de que la ciudadanía griega, la cual reunió una gran muchedumbre el otro día frente a la sede de la ERT, se merece un servicio público de calidad.

La resistencia sigue hoy, día para el cual se ha convocado una huelga general, apoyada por varios sindicatos incluyendo los dos grandes—uno del sector público y el otro del privado. Habrá paros de 24 horas en trenes, trolebuses, y autobuses. Los hospitales están funcionando con servicios mínimos, y los controladores aéreos se sumarán esta tarde con un paro de 2 horas. El país lleva paralizado desde esta medianoche pasada. Una manifestación unitaria ha sido convocada para las 11:00 a.m. hora local, por lo que desde aquí les damos todo nuestro apoyo y solidaridad a les que decidan salir a la calle hoy a luchar contra el neoliberalismo.

Recordemos también que no solamente se trata de defender un servicio público, sino de calidad. A pesar de que la ERT ha sido acusada de despilfarro y opacidad, lo cierto y verdad es que era la única cadena que ofrecía programas culturales de calidad que otras cadenas privadas no ofrecían. Y tampoco olvidemos que la información no sólo viene de cadenas privadas o estatales: cada vez hay más fuentes alternativas de contra-información que, de manera autogestionada y autónoma, pretenden informar y difundir. Prueba de que estos medios están creciendo en términos de audiencia e influencia fue el cierre de Indymedia Athens hace un tiempo.

2012: Un año convulso

Como viene siendo habitual, los medios de comunicación al servicio del poder hegemónico nos ofrecerán hoy una variada retahíla de imágenes con las que pretenderán resumir el transcurso del año 2012. Serán, me arriesgo a aventurar, hechos noticiosos asépticos, poco críticos, basados en el infortainment y el terrortainment: historias trágicas o emotivas con vocación de entretenimiento en lugar de información. Como contrapunto, ofrezco doce unidades de resumen (simbólicamente como los doce meses) sobre las que poco análisis se hará en los telediarios. No pretende éste ser una completa síntesis del año, puesto que, seguramente, no mencionaré todo lo notable, pero sí puede ser un interesante ejercicio comparativo con el discurso dominante.

El año de los recortes sociales

La política antisocial iniciada por el anterior gobierno no ha tenido freno en este 2012. Más bien, se ha acentuado. El primer año de legislatura de Mariano Rajoy ha dejado un balance legislativo desolador: una reforma laboral centrada en abaratar el despido y precarizar el empleo; intentos de privatización del sistema sanitario estatal; la aprobación de un anteproyecto de ley educativa mercantilizador, alienante e imperialista; una subida de impuestos arbitraria que se ensaña con la clase trabajadora; un aumento tasas judiciales que acrecienta la indefensión de las clases populares; una reforma del código penal hacia un formato aún más represivo y, como contrapunto, el rescate al sistema bancario español.

Bajo mando de los mercados y los dictámenes tecnocráticos de la Unión Europea, la clase política dirigente ha decidido paliar la crisis con más crisis, radicalizar el capitalismo, apagar el fuego con fuego. Las consecuencias sociales han sido devastadoras.

Record de desempleo

Las reformas del gobierno estatal y europeo han situado al país en el podium mundial de desempleo, superando los cinco millones de parados oficiales. Las estadísticas, que muestran como colectivo más castigado a la juventud, no incluyen al estudiantado. El censo es, una vez más, falseado para ocultar la realidad.

Asimismo, son ya muchos los trabajadores (sobre todo jóvenes) que se ven obligados a emigrar, convirtiendo al Estado español por primera vez en décadas en un país descendente en recepción de inmigración. La crisis económica agravada con las reformas antisociales y las políticas racistas españolas, pueden dar explicación a este viraje.

El suicidio de los desahuciados

Las políticas de Rajoy también baten otro récord: el de suicidios. La frustración generada por la crisis económica y sobre todo por su concreción en los desahucios,  ha disparado desgraciadamente el número de personas que deciden quitarse la vida. Las instituciones, según insisten los medios de comunicación, están trazando planes para evitar esta plaga social. Lo repugnante de esta cuestión no es sólo que llegue tarde, sino que en primer lugar es falso, y en segundo lugar viene motivado por un caso particular que afectó al poder hegemónico: el triste suicidio de la mujer de un ex concejal.

Otras dolencias estructurales, mediáticamente consideradas enfermedades mentales, como la depresión, están destrozando el tejido social en un momento perversamente cíclico: las reformas del sistema empobrecen monetariamente y destruyen la salud pública, el sistema sanitario tiende a ser un privilegio económico y el abaratamiento del despido infunde miedo entre los trabajadores que solicitan la baja médica.

Aumenta la brecha entre clases

Una vez clarificada la mentira de la existencia de una clase media, en las últimas décadas nunca había estado en el Estado español tan vigente la lucha de clases. Mientras la clase trabajadora ve mermada su capacidad económica a marchas forzadas, las mayores fortunas del país no sólo no reducen el beneficio fruto de su explotación, sino que lo aumentan. La amnistía fiscal y las políticas favorables a la élite empresarial y patronal desequilibran aún más la distribución de la riqueza, fortaleciendo al capitalismo en un momento estratégico para su eclosión. Es la confirmación (mil veces confirmada) de que la ley es por definición una expresión de clase, y que la actividad de gobierno es siempre perjudicial para el gobernado.

La represión como valor en alza

Las torturas en comisaría y en los centros de reclusión no han disminuido, sino más bien, han crecido. Ante la protesta social la dirigencia ha reaccionado como se esperaba: potenciando el Estado policial ya existente. Las palizas antes (y ahora) relegadas a sectores activistas marginados, ahora se centran en gran parte de la población ante la atenta mirada de los medios de comunicación. Los montajes policiales (el último con el compañero Alfon), la violencia indiscriminada (las pelotas de goma se han cobrado una vida en Euskal Herria y la pérdida de un ojo de una compañera en Barcelona, como muestras de este 2012) y la complicidad político-judicial (en lo que llevamos de año son 444 los indultos aprobados por Mariano Rajoy, entre ellos policías torturadores) se ha multiplicado cuantitativa y cualitativamente.

La situación en las cárceles permanece desesperanzadora, más aún con la generalización de los centros CIES y las denuncias a los centros de menores. La tasa de suicidios entre rejas se mantiene. Gallardón planea reformar el Código Penal para endurecerlo, a la vista del varapalo del TEDH en relación a la Doctrina Parot.

Dos convocatorias de huelga general en el Estado español (más en Euskal Herria, Galiza y Barcelona)

Aunque con el conocido interés partidista, la respuesta de los trabajadores se ha hecho oír, independientemente de las valoraciones que cada uno hagamos al respecto. 2012 será recordado como el año en que el presidente del gobierno convocó una huelga general, y también como el más agitado en las calles de la última década. Desde la muerte de Franco, nunca antes había habido dos huelgas generales en un mismo año.

Mención aparte merece la convocatoria de huelga general anarquista en Barcelona el pasado octubre. Convocada por sectores vinculados al anarquismo y al anarcosindicalismo, la jornada puede mirarse con cariño y como un paso más hacia la concienciación libertaria de los trabajadores. La organización y coordinación de dicha huelga fue una experiencia positiva sobre la que se puede ser optimista.

Continúa la tendencia hacia la horizontalidad en las relaciones sociales

En los últimos años hemos sido testigos de la generalización de formas de asociación política más o menos horizontales, sobre todo a raíz del 15-M. Si bien imperfecto y ciudadanista, ha conseguido alterar las dinámicas de organización, visibilizarlas y generalizarlas hacia el asamblearismo. Grupos de trabajo estudiantiles, coordinadoras, el movimiento para rodear el congreso, asambleas de parados, comisiones de vivienda, etcétera. Todo un caldo de cultivo y de propaganda por el hecho al que aún falta por especiar ideológicamente, pero que supone un rico campo de trabajo para habituar las interrelaciones libertarias en nuestras estructuras sociales.

Radicalización de los métodos de acción

 En este año 2012 hemos comprobado el hastío de una población que, el pasado año, apostaba sin fisuras por la no violencia y que actualmente empieza a considerar la autodefensa como un mecanismo de lucha legítimo. La resistencia minera, los incidentes durante las huelgas generales o el 25-S, son una conquista del derecho a rebelarse y una manifestación de justa rabia ante el genocidio social orquestado por los poderes hegemónicos, la violencia policial y la impunidad judicial (los casos de Díaz Ferrán o Jaume Matas destapados este año no son más que mecanismos de normalidad democrática completamente anecdóticos en comparación con el índice de indultos).

La acción directa no sólo se ha ejercido durante las manifestaciones, sino que durante este año que termina se han emprendido un sinfín de acciones combativas de inspiración anarquista. La toma de bloques de viviendas y otros inmuebles abandonados para uso social, comedores o habitabilidad para desahuciados ha sido generalizado en 2012.

El descrédito de la democracia

En aquellas regiones en las que no ha habido un aumento del sentimiento de identidad nacional, los votos de protesta han aumentado en este 2012. En Galiza, donde menos se ve reflejado (quizá porque también hay un nacionalismo periférico importante), en dos años ha aumentado un 3% el número de votos nulos, en blanco y abstenciones. En Andalucía y Asturias, en cambio, este aumento es de un 9%. Tanto en Galiza como en Asturias, el voto de protesta ronda el 50% de la población, mientras que en Andalucía el 40%. A estos datos, además, habría que restar el voto clientelar conocido tanto en Andalucía como en Galiza.

Sentimiento nacional revolucionario

La irrupción en la escena política de la izquierda abertzale y de la CUP puede ser responsable de que la tendencia arriba comentada no se haya producido, también, en Catalunya y la CAV. El sentimiento nacional periférico ha repuntado tras los intentos de españolización de Patxi López, por un lado, y del Tribunal Constitucional y el ministro de Educación por otro (así como otros factores más complejos). La evaluación más optimista puede ser que, a diferencia de otros años, al menos en 2012 esta sensibilidad nacional se ha traducido en votos hacia partidos de izquierda vinculados a los movimientos sociales y a las clases trabajadoras y populares.

Situación internacional

La guerra en Siria, los estallidos sociales en Reino Unido y en Argentina (con saqueos incluidos), el repunte de la actividad zapatista, la resistencia social y el auge del fascismo en Grecia, la represión en Gaza, las diversas primaveras árabes... no cabe duda de que este año ha vuelto a ser convulso, acorde con la situación general en la que nos insertamos. ¿Será el 2013 un año definitivo para la revolución social mundial?

Adiós, compañeros

Por último, un punto tan obligatorio como inabarcable, en el que cada uno de nosotros rellenará con un nombre al compañero que nos dejó. En Regeneración recordamos a Agustín García Calvo, no sin despreciar ni rechazar a otros, quizá anónimos, que también dieron su vida luchando o que lucharon durante toda su vida.

LOMCE: Recortes, españolismo y mercantilización

El pasado 3 de diciembre se publicó el nuevo borrador de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), redactada por el Ministerio de Educación, al frente del cual se encuentra Jose Ignacio Wert. Esta contrarreforma educativa viene marcada por los siguientes puntos:

Primero, en la redacción del borrador se ha consultado únicamente a la educación concertada y a los obispos de la Iglesia Católica. Como en el resto de reformas educativas (LOGSE, LOE) y universitarias (LOU, Bolonia) que hemos sufrido, no se ha tenido en cuenta la opinión y las necesidades de los colectivos afectados.

Segundo, el proceso de mercantilización de la educación debido a la reducción en la financiación pública. Bajo el eufemismo de la autonomía se impone a los colegios e institutos financiarse en el mercado, pasando a depender económicamente de convenios y contratos con empresas privadas. Además, la gestión económica se deja únicamente en manos del director del centro, ya que el consejo escolar pasa a ser un mero órgano consultivo. En esa línea, ya desde la educación primaria se intentan inculcar valores basados en la cultura empresarial. En la ESO se llega a ofertar una optativa llamada “iniciación a la actividad emprendedora y empresarial” con el mismo peso que asignaturas como música o plástica.

En tercer lugar, se instituye un trato preferente a los centros privados. Los centros concertados y/o segregados por sexos mantienen sus ayudas a pesar de la reducción de recursos en la educación pública. Como dato a tener en cuenta, sólo un 25% del alumnado asiste a colegios privados.

Por último, se centralizan los contenidos académicos mediante la ampliación de los contenidos comunes en todas las comunidades autónomas. Como consecuencia se relega a la categoría de optativa no evaluable las lenguas cooficiales. Además de ofrecer dinero público a los padres para recibir enseñanza privada en castellano. De este punto se desprende  un intento claro de, en las palabras del propio ministro, españolizar al alumnado.

En definitiva, podemos resumir este borrador como un intento de transmitir mediante la escuela una marcada ideología capitalista y conservadora.

Para más información, adjuntamos un análisis de la LOMCE (diciembre 2012) realizado por los compañeros de Frente Estudiantil y Social:
analisis LOMCE

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